La fragilidad del Estado, el deterioro de sus instituciones y la erosión de la cohesión social como diagnóstico dan cuenta de algunas amenazas de gran envergadura, en cuanto a la capacidad para hacer frente a los retos que impone una coyuntura crecientemente adversa y a los retos propios de este tiempo, a partir de la irrupción del avance desenfrenado de tecnologías disruptivas habitualmente nihilistas. Como bien lo señalan Daron Acemoglu y James A. Robinson en su libro «Por qué fracasan los países. Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza», las instituciones políticas y económicas son fundamentales para el crecimiento económico y la prosperidad, y su deterioro puede llevar a la fragilidad del Estado y la erosión de la cohesión social.
Se trata de un diagnóstico reservado para la democracia, en cuanto sistema de convivencia colectiva. Y una desmoralización que recorre Chile, en la que la confianza en el futuro se va diluyendo. El origen de una parte sustantiva y medular de las amenazas descritas reside en la relativización de las bases institucionales que dan soporte a la República, que se sustentan en la democracia liberal representativa, capaz de interpretar el sentir de las mayorías, sin descuidar el derecho de las minorías, con soporte en el Estado de derecho, en la separación y mayor autonomía posible de los poderes del Estado y garante de las libertades individuales, para la búsqueda de la realización del plan vital de cada persona.
Se trata de un ordenamiento jurídico y democrático orientado a la defensa y promoción de los derechos fundamentales de las personas, cuyos propósitos fundamentales son apartar la arbitrariedad y la discrecionalidad en el ejercicio del poder público y privado. En un régimen económico cuyas bases institucionales descansan en el reconocimiento de la igualdad jurídica y democrática, en la certeza jurídica, en el respeto de la propiedad privada, en la libre competencia sin privilegios y en el reconocimiento de la libertad de iniciativa en materia económica.
Son estas bases institucionales, un sistema político capaz de gestionar el reformismo gradual para ofrecer respuestas oportunas y que amalgama la vida colectiva orientada al bien común, las que habilitan la paz y la prosperidad. Una sobre ideologización caprichosa proveniente de sociedades más desarrolladas y resueltas, vestida de ciertos aires de inocencia pero a la que subyace un evidente desprecio por la estabilidad institucional, ha venido en la última década a relativizar las bases institucionales de la República y a revivir espacios de discrecionalidad y arbitrariedad, comprometiendo las posibilidades de progreso.
Si consideramos la magra proyección de crecimiento promedio proyectada por el Banco Central de 1,8% hasta el año 2034, los diagnósticos sombríos redundantes de distintos organismos internacionales y la evidente pérdida de confianza interpersonal, institucional y en el futuro que recorre Chile, habría que considerar apelar al sentido común y volver a poner en el centro la promoción y el respeto de las bases institucionales relativizadas en el último tramo de nuestra historia, y repensar un sistema político que ofrezca estabilidad y capacidad de alcanzar acuerdos y gestionar las reformas más urgentes. Sin una profunda reforma al sistema político y sin volver a relevar el valor de las instituciones es imposible volver a retomar una senda de progreso que mejore la condición humana de los Chilenos y que vuelva a establecer las bases para el desarrollo.
* Augusto Parra Ahumada, Presidente de la Fundación República en Marcha
