La mañana en que se publicaron las planillas actualizadas del Portal de Transparencia, en los pasillos de La Moneda el ambiente se sintió extrañamente frío. No era para menos. Un ejercicio matemático simple, de esos que la ciudadanía hace con el bolsillo irritado, acababa de dejar en evidencia una paradoja del poder en Chile: el Presidente de la República, el hombre que firma los decretos y conduce el destino de la nación, tiene un sueldo considerablemente menor que decenas de funcionarios públicos que operan bajo su sombra protectora.

Mientras el sueldo bruto del Mandatario se mantiene congelado en torno a los $7 millones de pesos tras las reformas de austeridad, en los pasillos del Congreso Nacional y en las oficinas del Consejo de Defensa del Estado (CDE) la realidad se escribe con otros dígitos. Más de 180 funcionarios de carrera —jefes de comisiones, abogados senior, secretarios legislativos— perciben mensualmente rentas que escalan hasta los 14, 17 e incluso 19 millones de pesos brutos. Duplican al Presidente.

Para el ciudadano de a pie, la primera reacción suele apuntar al uniforme verde de Gendarmería de Chile, una institución históricamente asociada en el imaginario colectivo al escándalo de los «jubilazos» y las asignaciones críticas de última hora. Sin embargo, al escarbar en los datos, los gendarmes quedan al margen de esta carrera de fondo. El verdadero nudo ciego de los sueldos millonarios no se viste de uniforme, sino de terno, corbasta y años de silencioso papeleo institucional.

El escudo de los «derechos adquiridos»

¿Cómo se llegó a este punto? La historia se remonta al estallido y la posterior pandemia, cuando el Congreso, presionado por el clamor de la calle, aprobó una reforma constitucional para dar una señal ética: bajar drásticamente la dieta de los parlamentarios y el sueldo del Presidente. El hachazo cayó con fuerza sobre las autoridades políticas, pero dejó intacto un ecosistema paralelo: el de los funcionarios de carrera.

—«Es un tema de legalidad estricta y derechos adquiridos», explica bajo estricto anonimato un experto en derecho administrativo que ha asesorado a ministerios por dos décadas. «Un presidente dura cuatro años. Un director de comisión en el Senado puede estar ahí cuarenta. No puedes llegar y bajarle el sueldo a un civil amparado por el Estatuto Administrativo sin violar la Constitución».

Ahí radica el truco del tiempo. Un funcionario que ingresó a la administración pública en los años 90 ha visto cómo su sueldo base se multiplicaba de forma invisible a través de los «bienios» —un aumento porcentual automático que se otorga cada dos años de servicio—. Si a esa base acumulada se le suman las asignaciones profesionales por títulos de posgrado, los bonos por desempeño institucional (que casi siempre se cumplen al 100%) y las asignaciones colectivas, el resultado es una bola de nieve financiera que el Estado no puede detener.

La indignación y el candado

En las cafeterías aledañas al Palacio de Tribunales y al Congreso en Valparaíso, el tema se conversa en voz baja. Hay quienes defienden la validez de estos montos, argumentando que retener el talento de abogados o ingenieros de alta calificación en el Estado requiere sueldos competitivos con el sector privado. Pero la justificación técnica choca de frente con la moral pública.

Senadores de distintas bancadas han calificado la situación de «espantosa» e «indesmentible», reconociendo que la señal hacia el país es desastrosa. Se han propuesto comisiones de expertos para regular estas rentas, pero el candado legislativo es pesado: cualquier reforma profunda que implique gasto o reestructuración de las plantas del Estado requiere el patrocinio exclusivo del Ejecutivo. Y tocar esos contratos es abrir una caja de Pandora con los poderosos gremios del sector público.

Al caer la tarde en Santiago, las luces del despacho presidencial se apagan. Afuera, la calle sigue su ritmo ajena a los decimales de la ley de presupuestos. El Presidente se retira a descansar sabiendo que, en términos de jerarquía, es el líder de la república; pero en la fría y burocrática realidad de las cuentas bancarias, hay todo un ejército de secretarios y asesores que, mes a mes, lo miran desde arriba.

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