La Fiscalía Nacional Económica (FNE) ha puesto en el tapete un tema crucial para el sector sanitario chileno: la regulación tarifaria de 15 servicios adicionales que ofrecen las empresas sanitarias. Esta iniciativa busca abordar las preocupaciones sobre posibles prácticas monopólicas y garantizar precios justos para los consumidores.
¿Qué servicios están en cuestión?
La FNE ha identificado 15 servicios que, a su juicio, presentan características monopólicas y, por lo tanto, deberían estar sujetos a regulación tarifaria. Estos servicios se agrupan en seis categorías:
1. Producción de agua potable: Incluye la venta de agua potable en camiones aljibes y a través de redes de producción.
2. Distribución de agua potable por red: Abarca el corte de suministro para la conexión de redes de agua potable, la conexión de arranque y la venta de agua potable desde la red.
3. Recepción y tratamiento de aguas servidas: Se refiere al tratamiento de aguas servidas provenientes de camiones limpiafosas.
4. Servicios relacionados al artículo 52 bis de la Ley General de Servicios Sanitarios: Esta categoría incluye servicios específicos para zonas rurales, como el servicio integral de proyectos, el derecho de conexión convenios y la venta de agua potable a proyectos. También abarca la operación solo agua potable a proyectos de dichas zonas, la operación de solo recolección y tratamiento a proyectos y el servicio de tratamiento de aguas servidas a proyectos.
5. Servicios asociados a ampliaciones del territorio operacional: Incluye servicios relacionados con la expansión del área de servicio de las empresas sanitarias.
6. Servicios comerciales y administrativos: Esta categoría incorpora el cobro por agua perdida en la red y el despacho postal de boletas y facturas.
¿Qué argumentos presenta la FNE?
Según la FNE, estos 15 servicios no forman parte del servicio público esencial de agua potable y alcantarillado, el cual ya está regulado. La FNE sostiene que las empresas sanitarias gozan de una posición dominante en la prestación de estos servicios adicionales, lo que podría generar precios excesivos para los consumidores.
¿Cuál es la postura de las empresas sanitarias?
Las empresas sanitarias han rechazado la propuesta de la FNE, argumentando que la mayoría de estos servicios ya están regulados por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) o no presentan características monopólicas. Además, han señalado que la iniciativa de la FNE es incompatible con la ley y podría generar distorsiones en el mercado.
Instituciones Requeridas:
Aguas San Pedro
Essbío – Empresa de Servicios Sanitarios del Biobío
Cámara Chilena de la Construcción
Aguas Magallanes
Aguas Araucanía
Nueva Atacama
Aguas Altiplano
Empresa de Servicios Sanitarios de Los Lagos
NuevosurAguas del Valle
EsvalAguas Andinas
Asociación Nacional de Empresas de Servicios Sanitarios
¿Qué sigue ahora?
La decisión final sobre la regulación tarifaria de estos 15 servicios adicionales recae en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). Éste deberá analizar los argumentos de ambas partes y determinar si efectivamente existe una posición dominante por parte de las empresas sanitarias y si la regulación tarifaria es la mejor solución para proteger a los consumidores.
Un debate complejo con implicaciones importantes:
La iniciativa de la FNE abre un debate complejo sobre el rol de las empresas sanitarias y la regulación tarifaria en Chile. La decisión final del TDLC tendrá un impacto significativo en los consumidores, las empresas sanitarias y el sector en general.
