Conocer el número real de personas que trabajan en el sector público, su evolución y el grado de confiabilidad de los datos existentes al respecto se ha convertido en una tarea compleja y llena de interrogantes.
Cifras dispares y falta de transparencia:
- El INE, en su medición del trimestre móvil febrero-abril de 2024, cuantifica en 1.214.315 los asalariados públicos. Esta cifra incluye a todos aquellos que se auto declaran como tales, abarcando al Gobierno Central, el sector público descentralizado, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, las empresas públicas, las universidades estatales, y empleados municipales y servicios municipalizados. Sin embargo, al ser autodeclarada, puede considerar también a gente que se desempeña en un ente público, pero que lo hace por medio de una firma que presta sus servicios y que por tanto son trabajadores que pertenecen al sector privado.
- El Gobierno Central, por su parte, estima que el número de beneficiarios del reajuste del sector público asciende a 844.934 personas para el año 2024. Esta cifra, entregada por la Dipres, considera a los trabajadores del sector público, incluidos los funcionarios municipales y de atención primaria de salud, las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, y el personal de los otros Poderes del Estado. Sin embargo, excluye a grupos como quienes trabajan en empresas estatales (que tienen su propia negociación salarial y se rigen por el Código del Trabajo), universidades y centros de formación técnica del Estado, y también al personal a honorarios.
Un problema de fondo:
- La existencia de cifras tan dispares entre las estimaciones del INE y del Gobierno Central refleja la falta de un sistema de información oficial y confiable sobre la cantidad real de funcionarios públicos.
- Esta situación dificulta la toma de decisiones informadas sobre la gestión del sector público, la asignación de recursos y el control del gasto fiscal.
- La falta de transparencia genera desconfianza en la ciudadanía y obstaculiza el seguimiento del cumplimiento de las metas de las políticas públicas.
Un llamado a la acción:
- Expertos como Matías Acevedo y David Bravo coinciden en la urgencia de contar con datos precisos y actualizados sobre el número de funcionarios públicos.
- Se propone fortalecer los mecanismos de reportabilidad de datos por parte de las instituciones públicas, utilizando las herramientas tecnológicas disponibles.
- La Dipres anuncia la publicación semestral de estadísticas consolidadas, aunque con información menos detallada de la ideal.
Un desafío pendiente:
- Lograr un sistema de información transparente, completo y confiable sobre el empleo público es crucial para una gestión pública eficiente y responsable.
- Se requiere del compromiso de todas las entidades involucradas para avanzar en esta materia y despejar las neblusosas que rodean al número real de funcionarios públicos en Chile.
Puntos adicionales:
- La Ley 21.306 obliga a municipalidades, universidades estatales y empresas públicas a reportar mensualmente la nómina de trabajadores a la Dipres.
- El incumplimiento de esta ley genera multas y sanciones, pero aún no se ha logrado un cumplimiento total.
- La Dipres reconoce la importancia de la calidad de los datos para el diseño de políticas públicas y está trabajando para mejorar los mecanismos de reportabilidad.
- Un exfuncionario de la Dipres denuncia que muchas municipalidades no entregan la información requerida o envían datos parciales.
Esta situación pone de relieve la necesidad de un cambio cultural en el sector público, donde la transparencia y la rendición de cuentas sean valores fundamentales.
