La Corte de Apelaciones de Santiago declaró «inadmisible» el recurso de amparo preventivo interpuesto por el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, contra el Ministerio Público. Sostuvo que la acción constitucional tiene como finalidad controlar la legalidad del proceso, y que los antecedentes expuestos (por la defensa del general Yáñez) no constituyen una denuncia de hechos.
En el escrito, la defensa del jefe policial cuestiona que la Fiscalía «ha dirigido una feroz persecución penal en contra de Carabineros, en relación con los hechos ocurridos en el país a contar del 18 de octubre de 2019», lo que «ha redundado en cientos y miles de persecuciones penales en contra de sus funcionarios, las que después de casi cinco años de ocurridos los hechos han determinado la existencia de sólo 45 carabineros condenados». El documento de la defensa apunta también contra el fiscal Xavier Armendáriz, jefe metropolitano Centro Norte, y la persecutora Ximena Chong, quien encabeza la Unidad de Alta Complejidad de esa jurisdicción, acusando que «han demostrado un evidente sesgo y parcialidad en la tramitación de esta causa». Pero la Corte estimó que el requerimiento distorsionaría la finalidad de la figura del recurso de amparo.
El general Yáñez busca evitar su formalización, la que tendrá lugar el 7 de mayo en el Séptimo Juzgado de Garantía. En la audiencia también serán imputados su antecesor, Mario Rozas, y el ex subdirector Diego Olate, todos por el «delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio, cometido entre octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020», época en que el actual general director ejercía como director nacional de Orden y Seguridad. El general director de Carabineros podría verse forzado a dar un paso al costado de la institución en mayo, sólo meses antes de concluir en noviembre su período de cuatro años como general director.
Pero sigue pendiente en la Corte de Santiago otro intento de Yáñez: la solicitud de la medida cautelar precautoria de paralización o suspensión de la tramitación de la causa penal. En ésta acusa al Ministerio Público de «haber actuado fuera de sus competencias constitucionales y legales al arrogarse facultades legislativas y jurisdiccionales en su actuación», acciones que -afirma la defensa- constituyen «fundamento para presentar una demanda de nulidad de derecho público, que es la demanda que se deducirá de forma posterior a esta medida prejudicial». Otra acción judicial que permanece en suspenso es una nueva solicitud de su defensa al fiscal nacional, Ángel Valencia, para remover a quienes lideran la investigación -Armendáriz y Chong-, y una petición ante la Justicia civil para conseguir una medida prejudicial que evite la formalización.
