Se endurece la fiscalización del poder comprador de la uva en la región, con el objetivo de garantizar el fiel cumplimiento de la Ley N° 20.256. Esta normativa busca transparentar el mercado y proteger a los pequeños agricultores de la Agricultura Familiar Campesina (AFC).
“Al SAG le corresponde un rol muy relevante en esta materia, especialmente en lo que respecta a los pequeños agricultores de la AFC”, señaló el director regional del SAG Biobío, Roberto Ferrada. “Por eso, estamos realizando un seguimiento exhaustivo para asegurar que se cumpla la normativa vigente. Queremos que tanto el demandante como el oferente tengan acceso a información precisa, clara y pública.”
La idea es verificar el cumplimiento de la normativa vigente para la comercialización de vid vinífera para la elaboración de vinos y mostos para vinos, definido en el marco de la Ley N° 20.656, referente a fiscalización de Transacciones Comerciales para Productos Agropecuarios.
La Ley N° 20.256 exige que los poderes compradores de uva:
- Publiquen un listado de precios por variedad.
- Cuenten con calibración certificada de sus instrumentos de medición.
- Incluyan en el listado de precios las industrias o viñas para las cuales están comprando.
- Informen el nombre del centro de acopio.
Los funcionarios del SAG también revisan las guías de recepción del producto, que deben contener la siguiente información:
- Nombre o razón social del propietario de la vid vinífera.
- Número de Rol o Cédula de Identidad del propietario.
- Fecha y hora de la recepción.
- Precio de referencia y condición de pago.
- Kilos recepcionados.
El incumplimiento de la ley puede resultar en multas de 5 a 200 UTM, dependiendo de la gravedad y reincidencia de la falta.
En la región del Biobío se han establecido cuatro poderes compradores de uva para la temporada 2024: tres en Florida y uno en Yumbel. El año pasado se cursó una infracción por el uso de una balanza con calibración no vigente. En la región se transan alrededor de 3 toneladas de uva a través de estos centros de acopio.
El SAG Biobío está comprometido con la protección de los derechos de los pequeños agricultores y la transparencia del mercado de la uva. La fiscalización del poder comprador es una herramienta fundamental para asegurar que se cumplan las normas y que los agricultores reciban un precio justo por su producto.
