El Gobierno confirmó este viernes que avanzará con la expulsión de los seis extranjeros detenidos durante los desórdenes registrados el pasado 18 de octubre, en el marco de la séptima conmemoración del denominado estallido social. De acuerdo con lo informado por el director nacional del Servicio de Migraciones, Frank Sauerbaum, cinco de ellos —tres ciudadanos peruanos y dos haitianos— tenían residencia definitiva, por lo que primero se realizó el procedimiento para revocarla, y posteriormente se dictó el decreto de expulsión.
Sauerbaum sostuvo que los decretos correspondientes ya fueron firmados por el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, aunque los involucrados aún cuentan con un plazo legal para presentar recursos. “Luego de eso, ellos tienen un plazo legal para poder apelar a esta decisión, y una vez que la apelación sea rechazada, como nosotros esperamos, van a ser expulsados básicamente por vuelos comerciales”, indicó el director de Migraciones. Los seis casos habían sido informados previamente por el Gobierno, incluyendo a tres peruanos, dos haitianos y un ciudadano venezolano.
La actualización se conoció durante la jornada en que el Ejecutivo concretó un nuevo vuelo de expulsión de extranjeros. Se trató del undécimo operativo de este tipo durante 2026, con 75 personas trasladadas a Perú, Colombia y República Dominicana en un avión chárter. El grupo estuvo compuesto por 50 ciudadanos colombianos, 14 peruanos y 11 dominicanos, mientras que el 68% registraba ingreso al país por un paso no habilitado. Con este operativo, el Gobierno informó que alcanzó las 2.000 expulsiones durante 2026, de las cuales 1.726 corresponden a procedimientos administrativos y 199 a expulsiones judiciales.
Entre las personas trasladadas figuran extranjeros condenados o expulsados por ingreso irregular y por delitos como tráfico ilícito de drogas, robo con violencia e intimidación, tenencia ilegal de armas de fuego y violación de menor de 14 años. El Ejecutivo aseguró que los operativos continuarán durante el resto del año y que no estarán limitados a vuelos chárter o de la Fuerza Aérea, sino que también se utilizarán vuelos comerciales para concretar expulsiones. En ese contexto, Sauerbaum informó que la cartera recibió recursos adicionales por más de $1.760 millones para continuar con estos procedimientos durante los últimos meses de 2026.
