El ex capitán de Carabineros, Patricio Maturana, condenado por apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en el caso de la hoy senadora de Izquierda, Fabiola Campillai, cometidos durante el estallido social de 2019, quedó este fin de semana en libertad condicional. El fallo emitido este viernes establece que «el solicitante gozará del beneficio que por esta resolución se otorga, una vez que cumpla el tiempo mínimo, esto es, a partir del día 2 de diciembre de 2026».
Maturana cumple una pena de 12 años y 183 días de presidio en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Molina (Región del Maule), tras ser declarado culpable de haber disparado una bomba lacrimógena que causó severos daños a Campillai, hecho acontecido el 26 de noviembre de 2019. La víctima, que según las informaciones que se conocen perdió de forma permanente la visión, el gusto y el olfato, presentó su oposición a la solicitud por escrito, pero también acudió ante la Comisión de Libertad Condicional en esta jornada para objetar lo planteado por el ex policía. Argumentó la hoy parlamentaria que debía exigirse el cumplimiento de dos tercios de la pena, y cuestionó que Maturana no le haya pedido disculpas ni expresado públicamente arrepentimiento por lo ocurrido.
La Comisión de Libertad Condicional de Talca desestimó la presentación de Campillai al determinar que corresponde exigir la mitad de la pena, debido a que el delito por el que fue condenado Maturana no está entre aquellos que requieren cumplir dos tercios de la sentencia para acceder al beneficio. Asimismo, apuntó que el fallo condenatorio descarta expresamente calificar los hechos como un crimen de lesa humanidad. También se consideró como un antecedente a favor el informe psicosocial de Gendarmería, el que reza: «El postulante evidencia actualmente una adecuada asunción de responsabilidad, reconocimiento del impacto de sus actos y rechazo explícito de la conducta delictiva, manifestando disposición sostenida a mantener un comportamiento ajustado a las normas sociales».
El documento sostiene, además, que el riesgo de reincidencia de Maturana es «muy bajo», que ha mantenido una conducta intachable durante el período exigido, y destaca que no registra antecedentes penales previos. Y en cuanto a los temores expresados por Campillai, la comisión se limitó a señalar que no existen indicios de amenazas, acercamientos o comunicaciones del condenado hacia la senadora.
Luego de que se conociera lo resuelto por la comisión, Campillai divulgó una declaración pública al respecto, en la cual expresa que «como víctima y como senadora de la República, afirmo con claridad que esta decisión constituye un acto de impunidad». E insistió: «Esta decisión envía un mensaje grave a todas las víctimas de violaciones a los derechos humanos: que el cumplimiento de las condenas puede reducirse, aun cuando los crímenes fueron cometidos desde el poder del Estado». Adujo que no se quedaría «de brazos cruzados» frente al beneficio otorgado al ex capitán de Carabineros. «Recurriré a todas las instancias judiciales correspondientes para revertir esta decisión y, si es necesario, a instancias internacionales», amenazó.
Y desde la defensa del ex capitán Maturana, la abogada Nubia Vivanco respondió a la declaración de la víctima: «La señora Campillai ha tenido justicia, (porque) se ha dictado una condena -a juicio nuestro, contraria a derecho-, y ha tenido reparación; y por parte de Maturana, también ha habido todo un proceso de rehabilitación y reinserción». En ese sentido, «no puedo hacerme cargo de la percepción de impunidad que pueda tener la señora Campillai», añadió la letrada.
Dado que la resolución se alcanzó a dos días de un nuevo aniversario del denominado estallido social, en el marco del cual sectores oficialistas exigen al Gobierno otorgar indultos a otros ex uniformados condenados en ese periodo, el Presidente José Antonio Kast llamó a separar el caso de Maturana de tales presiones. «El beneficio de la libertad condicional se le otorga a cualquier persona que esté cumpliendo condena, y eso se realiza de acuerdo a un procedimiento interno de Gendarmería, de acuerdo a su reglamento y a las normas que rigen en nuestra nación. Y respecto del 18 de octubre, tenemos una mirada de futuro», reafirmó el Mandatario durante un punto de prensa en Bolivia.
Dicho esto, «tenemos claro de que esto no se puede repetir nunca más, esa violencia irracional. No buscamos generar división entre los chilenos: buscamos unidad». En la misma línea, el vicepresidente de la República, Claudio Alvarado, indicó que «no mezclaría las cosas: ésta es una resolución de carácter judicial, que un tribunal emitió de manera unánime, y no nos corresponde emitir mayor juicio u opinión» desde La Moneda.
