* Aunque la Contraloría General de la República no la sancionó, sí determinó que la ex alcaldesa de Santiago faltó al principio de probidad al intentar adquirir el inmueble para crear una «clínica municipal». Ante el 7° Juzgado Civil de Santiago, la militante comunista sostuvo que no hubo perjuicio patrimonial para la alcaldía, pues la compraventa no se materializó.
La diputada comunista Irací Hassler interpuso una demanda de nulidad contra el Fisco y la Contraloría para impugnar el sumario que le atribuyó responsabilidades administrativas, como alcaldesa de Santiago (2021-2024), por la polémica compra fallida de la ex clínica Sierra Bella. Según el medio La Tercera, la parlamentaria ingresó la acción ante el Séptimo Juzgado Civil de Santiago, y su representación la asumirá el abogado Leonardo Cofré. Si bien el referido sumario de Contraloría -emitido el 14 de mayo- no impuso medidas disciplinarias a Hassler, sí estableció que, «con su actuar infringió el principio de probidad administrativa, al suscribir el decreto alcaldicio N°810 de 20 de enero de 2023, autorizando la adquisición por parte de dicho municipio de los inmuebles ubicados en esta ciudad, calle Sierra Bella N°1.181, y Ventura Lavalle N°431».
La transacción de los edificios involucró «un monto de $8.248.886.210, en circunstancias que la vendedora los había adquirido con una antelación de seis meses aproximadamente en tan solo $2.231.855.090, sin haber adoptado acciones o medidas suficientes conducentes a justificar dicha diferencia excesiva, y sin que dicho acto administrativo hubiese sido sometido al previo y obligatorio control de legalidad y visado por parte de la Dirección de Control del ente municipal», señaló el sumario.
Ante esto, Hassler reprocha en su demanda que el texto contiene fundamentos, conclusiones y decisiones que, a su juicio, «son contrarios al ordenamiento jurídico y adolecen de graves vicios de ilegalidad que justifican declarar su nulidad». Acusa además que Contraloría excedió sus atribuciones, por cuanto estableció responsabilidades respecto de hechos que fueron conocidos en sede penal. La actual diputada comunista sostiene que la diferencia de precios no puede ser considerada por sí misma una infracción, y que antes de aprobarse la adquisición, se solicitaron tres tasaciones comerciales que se encargaron a profesionales independientes, además de los antecedentes relativos al avalúo fiscal y al estudio de títulos.
Junto con lo anterior, Hassler manifestó que no se ha demostrado un perjuicio patrimonial efectivo para el municipio derivado de la fallida compraventa, dado que la operación finalmente no se concretó y, según sostiene en el escrito, los recursos municipales no fueron transferidos. La demanda también hace hincapié en que la entonces alcaldesa sí adoptó medidas para detener la operación, una vez que Contraloría le ordenó abstenerse de materializarla.
