El Gobierno ingresó a la Cámara Alta el proyecto de reforma constitucional en materia de seguridad, contemplado en la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT). La iniciativa había sido anunciada por el Presidente José Antonio Kast. Busca fortalecer el sistema nacional de seguridad, crear un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, y contempla ocho modificaciones a la Constitución.
Lo que en definitiva se propone es incorporar la seguridad pública como un deber del Estado. Asimismo, se plantean nuevas medidas contra el crimen organizado y restricciones para quienes sean condenados por estos delitos. También se incorpora el registro de organizaciones criminales, y se entrega la facultad al Presidente de la República para declarar a una agrupación como una organización terrorista o de crimen organizado, esto previo informe del Ministerio Público o del Consejo de Seguridad Nacional.
Además, se indica que el Senado deberá aprobar o rechazar esta declaración mediante una sesión secreta y con dos tercios de los votos. Igualmente, se incorpora un nuevo estado de excepción constitucional de seguridad pública, el cual podrá extenderse por un máximo de 120 días, prorrogables con la aprobación del Congreso. El proyecto establece que el Jefe de Estado podrá suspender o restringir la libertad personal y de locomoción, y el derecho de reunión, así como restringir el ejercicio del derecho de asociación, interceptar, abrir o registrar documentos y comunicaciones, y finalmente disponer requisiciones de bienes durante el estado de excepción.
