El fiscal jefe de Alta Complejidad, Felipe Sepúlveda, calificó el denominado caso Sartor como un fraude de grandes proporciones. Dijo que por su magnitud, duración y cantidad de afectados, puede ser considerado entre los más relevantes registrados en Chile durante el último tiempo. «Nosotros creemos que sí», respondió Sepúlveda al ser preguntado si se trata del fraude más importante de los últimos años. El persecutor explicó que se investiga una operación desarrollada durante varios años y con la participación de distintas personas, que afectó tanto a personas naturales como jurídicas.
«Aproximadamente 200 millones de dólares son los que están comprometidos en esta investigación, prima facie, con lo que hemos podido demostrar hasta ahora», enfatizó el fiscal. En tanto, la fiscal regional Oriente Lorena Parra, resaltó igualmente la magnitud patrimonial de la causa y señaló que solamente en el primer capítulo de la formalización se investigan operaciones por más de 100 mil millones de pesos. Parra afirmó además que el tribunal dio por acreditados, para efectos de las medidas cautelares, los delitos de administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, lavado de activos y fraude por omisión de OPA, mientras el contrato simulado quedó fuera de esa consideración.
Asimismo, aseveró que el tribunal acogió las solicitudes de la Fiscalía y tuvo por acreditados, para efectos cautelares, los delitos de administración desleal, entrega de información falsa, negociación incompatible, lavado de activos y fraude por omisión de OPA. «Eso da cuenta de una investigación sólida y completa», afirmó. Tras la resolución del Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago, Michael Clark Varela (ex presidente de Azul Azul), Pedro Pablo Larraín Mery, Carlos Emilio Larraín Mery y Sergio Samuel Yáñez Astete quedaron en prisión preventiva, mientras que Rodrigo Eduardo Bustamante García y Juan Carlos Jorquera Salas quedaron con arresto domiciliario parcial.
En los casos de Clark y Pedro Pablo Larraín, el tribunal consideró además que su libertad representaba un peligro para el éxito de la investigación. Sepúlveda sostuvo que la decisión judicial refleja que la Fiscalía ha reunido antecedentes suficientes para respaldar las imputaciones y aseguró que todavía existen diligencias pendientes. «Hay una investigación bastante sólida y robusta», afirmó, agregando que el objetivo del Ministerio Público es completar esas actuaciones en un plazo razonable para posteriormente presentar acusación y llevar el caso a juicio oral.
