Un nuevo trámite burocrático amenaza con asfixiar la liquidez de las pequeñas y medianas empresas. La parlamentaria por el Biobío valora que Hacienda revise la medida, pero advierte que el problema de fondo —el retraso en la emisión de facturas— sigue impune.
Un freno a la liquidez de las pymes
Lo que prometía ser una mejora regulatoria terminó encendiendo las alarmas en el sector productivo. La diputada Marlene Pérez (Región del Biobío) valoró la disposición del Ejecutivo y del Ministerio de Hacienda para evaluar un veto que elimine la reciente modificación a la Ley de Pago a 30 Días, una traba que amenaza con golpear directamente el corazón financiero de las pymes: el acceso al factoring.
La controvertida norma exige que, al ceder una factura para adelantar su cobro, el deudor deba pronunciarse explícitamente en un plazo de dos días hábiles. Para la legisladora, este cambio rompe un esquema que hoy opera de forma ágil a través del Servicio de Impuestos Internos (SII).
“Incorporar una aceptación expresa del deudor genera una incertidumbre innecesaria. Esto se traducirá en mayor riesgo para las operaciones, costos de financiamiento más altos y, en la práctica, un portazo al crédito para miles de emprendedores”, advirtió Pérez.
El «vacío legal» antes de la factura: El verdadero calvario
Más allá de frenar esta traba al factoring, la parlamentaria insistió en que el debate debe ir al fondo del problema. Hoy, la Ley de Pago a 30 Días tiene una «letra chica» que perjudica a las pymes: el tiempo que tarda el mandante en autorizar la emisión del documento.
- El problema: Las pymes terminan sus trabajos, pero el Estado o las grandes empresas tardan semanas (e incluso meses) en autorizar la facturación.
- La consecuencia: Como el reloj de los 30 días legales solo empieza a correr cuando la factura se emite, los emprendedores terminan financiando gratis a sus clientes durante meses.
Rumbo al Estatuto Pyme 2.0
Ante este escenario, la diputada por el Biobío hizo un llamado urgente al Gobierno para pasar de los parches a las soluciones estructurales impulsando el Estatuto Pyme 2.0.
Entre las prioridades, Pérez remarcó la necesidad imperiosa de fijar plazos estrictos para que tanto organismos públicos como privados autoricen la facturación sin dilaciones injustificadas.
“Si realmente queremos proteger al motor económico de Chile y a quienes generan miles de empleos, no basta con corregir los errores sobre la marcha. Necesitamos un Estatuto Pyme 2.0 que responda con fuerza y pragmatismo a la realidad cotidiana que viven las pymes en la calle”, concluyó.
24
