Ya no se trata de un problema aislado de seguridad pública, sino de un motor financiero paralelo que carcome los cimientos del país. Esa es la cruda radiografía que arroja el informe «Por un Chile sin Economía Ilícita», presentado este jueves por la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC). El documento, desarrollado junto a 30 gremios y unos 70 expertos, busca poner cifras y urgencia a un fenómeno que amenaza con desestabilizar el desarrollo nacional.
Los números detrás del ecosistema criminal son elocuentes: el mercado negro moviliza más de US$ 5.700 millones anuales en el país, provocando un agujero en la recaudación tributaria que supera los US$ 1.500 millones. A este impacto fiscal se suma el millonario esfuerzo del sector privado, que debe destinar cerca de US$ 2.700 millones al año solo a medidas de prevención y disuasión del delito.
El lanzamiento del estudio congregó a líderes del sector público, privado y la academia. El panel principal estuvo liderado por la presidenta de la CPC, Susana Jiménez, junto al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; el líder de la ABIF, José Manuel Mena; la vicepresidenta de la CNC, Cecilia Valdés; y la coordinadora ejecutiva del informe, Pilar Lizana.
Un ecosistema criminal en expansión
El informe advierte que las organizaciones criminales operan hoy con la sofisticación de cualquier multinacional, controlando toda la cadena de valor: desde la producción, el robo o el contrabando, hasta la distribución y el lavado de activos.
«Las economías ilícitas dejaron de ser un problema sectorial; hoy constituyen una amenaza estructural para el desarrollo de Chile. Afectan simultáneamente la seguridad, la inversión, el empleo, la recaudación fiscal y la confianza en nuestras instituciones. Enfrentarlas ya no es solo una tarea de seguridad pública, es una condición indispensable para que el país vuelva a crecer», advirtió Susana Jiménez.
La líder gremial alertó además sobre el peligro sociocultural de esta crisis: «Cuando una sociedad comienza a normalizar que es posible progresar al margen de la ley, el daño va mucho más allá de la economía. Se debilita la cultura de la legalidad y se deteriora la convivencia».
Las 5 grietas que aprovecha el delito
El análisis técnico identificó cinco brechas transversales que actúan como «puertas abiertas» para el avance de estos mercados en Chile:
- Vacíos y asimetrías en el marco regulatorio.
- Debilidades operativas y falta de capacidad de fiscalización del Estado.
- Falta de coordinación e inteligencia entre las instituciones públicas.
- Baja trazabilidad de productos físicos y flujos financieros.
- Insuficiencia en las sanciones contempladas por la ley.
La contraofensiva: Una agenda de 45 medidas
Para tapar estas grietas, el empresariado propone una hoja de ruta con 45 propuestas específicas articuladas en tres pilares: comercio ilícito, finanzas ilícitas e ilícitos en materias primas.
A nivel transversal, el plan exige una reingeniería del aparato estatal mediante cinco grandes herramientas:
- Estrategia Unificada: Creación de una Política Nacional contra las Economías Ilícitas.
- Inteligencia Policial-Económica: Fundación de una Unidad de Economías Ilícitas enfocada en el análisis estratégico.
- Rastreo Financiero de Vanguardia: Fortalecer la trazabilidad del dinero mediante el uso de Inteligencia Artificial, analítica avanzada y una política agresiva para reducir el uso de dinero en efectivo.
- Educación Ciudadana: Alianza con el Sernac para lanzar campañas de alfabetización y concientización ciudadana sobre el impacto del mercado ilegal.
- Denuncia Interoperable: Implementación de un sistema integrado de denuncia segura y anónima que proteja eficazmente al denunciante y alimente la persecución penal.
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