Un duro informe de la Contraloría General de la República (CGR) dejó al descubierto severas grietas en la ejecución, control y rendición de los recursos destinados al Programa de Tenencia Responsable de Animales de Compañía. La auditoría, que abarca el periodo entre 2017 y marzo de 2026, revela que miles de millones de pesos entregados a los municipios se encuentran hoy en la opacidad administrativa.
A nivel nacional, las municipalidades recibieron un pozo total de $33.647 millones a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere) para tareas clave como esterilización, rescate y educación. Sin embargo, 162 corporaciones edilicias ignoraron los requerimientos de la CGR, dejando sin justificar el uso de más de $16.000 millones.
El escenario en el Biobío: El desglose del silencio
En la Región del Biobío, la falta de transparencia involucra a 12 municipios que no respondieron al ente fiscalizador, acumulando un total de $1.508 millones bajo sospecha. Según el informe al que accedió Diario Concepción, las comunas y los montos bajo la lupa son:
- San Pedro de la Paz: $253 millones
- Concepción: $196 millones
- Tomé: $188 millones
- Coronel: $172 millones
- Hualpén: $156 millones
- Los Álamos: $153 millones
- Cabrero: $96 millones
- Santa Bárbara: $90 millones
- Contulmo: $69 millones
- San Rosendo: $63 millones
- Alto Biobío: $34 millones
- Antuco: $33 millones
El dato: Estas mismas 12 comunas tampoco contestaron si poseen lectores de chip para mascotas. En paralelo, el informe confirmó que Tucapel y Negrete carecen por completo de esta herramienta esencial de control.
Fondos sin ejecutar y caniles ilegales
Las irregularidades en la región no terminan ahí. La Contraloría detectó otras dos graves anomalías:
- Recursos sin uso: Siete municipios (Tucapel, Quilaco, Mulchén, Cañete, Curanilahue, Nacimiento y Florida) recibieron $764 millones desde 2022, pero declararon no haber realizado ninguna jornada de rescate o control de población animal.
- Caniles al margen de la norma: Las municipalidades de Los Ángeles, Lebu y Lota mantienen de forma directa o financian recintos que no figuran inscritos en el Registro Nacional de Centros de Mantención Temporal de Mascotas.
Radiografía nacional: El peligro oculto de los registros
El reporte además expone un preocupante vacío de seguridad pública respecto a los ejemplares catalogados como animales potencialmente peligrosos.
Si bien los registros oficiales contabilizan cerca de 40 mil perros en esta categoría a nivel país, apenas 748 propietarios han cumplido con el curso obligatorio de adiestramiento dictado por la ley. Para la CGR, esta brecha es un síntoma claro de la nula fiscalización y la falta de actualización en las bases de datos del Estado.
La ofensiva de Contraloría: Fiscalización directa y plazos fatales
Ante la gravedad de los hallazgos, el organismo liderado por el ente contralor activó un plan de contingencia inmediata:
- Auditoría a la Subdere: Se iniciará una fiscalización directa a la subsecretaría para evaluar por qué fallaron los mecanismos de seguimiento de los recursos transferidos.
- Ultimátum por ordenanzas: Aquellas comunas que operen sin una ordenanza de tenencia responsable tendrán un plazo máximo de 90 días hábiles para redactarla y aprobarla. En el Biobío, esta orden aplica de forma exclusiva a la Municipalidad de Cabrero, la única que carece de este marco regulatorio en la región.
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