La irrupción de la inteligencia artificial (IA) en las aulas universitarias y particularmente en la carrera de Derecho ha generado un debate tan inevitable como urgente. Acá no se trata simplemente de si debe permitirse o prohibirse su uso, sino de cómo, con qué límites y bajo qué principios éticos debe integrarse a la formación de los futuros abogados y abogadas. Negar su presencia y existencia en nuestro mundo es tan ingenuo como asumir que su utilización, por sí sola, constituye una amenaza, y lamentablemente así se ha creído por algunos actores relevantes del mundo universitario.
Hoy, uno de los principales problemas éticos no es el uso de la IA en sí mismo, sino la no declaración de su uso. El silencio de un estudiante frente a una herramienta que interviene en la elaboración de trabajos, análisis de casos o redacción de textos jurídicos constituye una forma de deshonestidad académica y en ese sentido, el ocultamiento del uso de IA puede equipararse, a lo menos para quien escribe y en términos estrictamente éticos, a prácticas contrarias a la probidad intelectual, como el plagio, configurándose la transparencia en el primer umbral ético que debe observarse en su uso.
Sin embargo, el debate no se agota en la exigencia de declarar su utilización, sino que surge entonces una pregunta crucial: ¿qué ocurre cuando él o la estudiante sí declara haber usado inteligencia artificial? ¿Estamos, automáticamente, frente a un uso legítimo y prudente? La respuesta, necesariamente, es negativa pues declarar no equivale a justificar ni a validar toda vez que el uso responsable de la IA no depende solo de su reconocimiento explícito, sino de la forma, el propósito y el alcance de su aplicación en la actividad académica.
En la formación en Derecho, donde se cultivan competencias como el razonamiento jurídico, la argumentación, la interpretación normativa y la reflexión crítica, existe un riesgo latente que se centra en que la IA sustituya el proceso intelectual del estudiante. Si la herramienta pasa de ser un apoyo para comprender mejor una institución jurídica a convertirse en la fuente principal del contenido entregado, entonces el problema ya no es tecnológico, sino pedagógico y ético.
Por ello, se vuelve indispensable definir una línea clara de uso responsable, anclada en tres ejes fundamentales para el suscrito y se centran en la ética académica, el respeto al derecho de autor y la protección formativa. Desde una perspectiva ética, el estudiantado debe comprender que la IA no puede reemplazar el juicio propio ni la responsabilidad personal frente al conocimiento. Desde el derecho de autor, resulta imprescindible asumir que los textos generados o asistidos por IA no eximen del deber de citar, contrastar fuentes y evitar la apropiación indebida de ideas. Y finalmente, desde lo formativo, cualquier uso que empobrezca el aprendizaje debe considerarse incompatible con los objetivos de la carrera y en general de cualquier proceso de aprendizaje.
La solución, entonces, no está en la prohibición absoluta ni en la permisividad acrítica, sino que el verdadero desafío para las facultades de Derecho es establecer reglas duras y claras, conocidas por toda la comunidad académica, que definan qué usos están permitidos, cuáles están prohibidos y cuáles son las consecuencias de su incumplimiento. Lineamientos explícitos, evaluaciones diseñadas con criterio pedagógico y una formación ética transversal resultan indispensables en este nuevo escenario.
Bien utilizada, la inteligencia artificial puede convertirse en un aliado poderoso para el estudiante de derecho al ser una herramienta para explorar jurisprudencia, contrastar argumentos, mejorar la redacción o ampliar horizontes comparados, sin embargo, su mal utilización puede transformarse en un enemigo silencioso del pensamiento jurídico crítico y de la integridad académica. En definitiva, el futuro de la enseñanza del Derecho no pasa por excluir la inteligencia artificial, sino por domesticarla normativamente y someterla a principios éticos, a respeto por el derecho de autor y a una lógica formativa clara y solo así dejará de ser una amenaza y podrá cumplir su mejor su cometido que se traduce en mejorar el quehacer diario.
* César Vargas Rojas, académico de Derecho U. Andrés Bello
