La Fiscalía Metropolitana Oriente dio el paso definitivo en la investigación contra el exdiputado Joaquín Lavín León. La fiscal regional, Lorena Parra, ingresó formalmente la solicitud para imputar al exparlamentario por los delitos de fraude al Fisco, falsificación de instrumento privado mercantil y tráfico de influencias, marcando un hito en una causa supuesta corrupción.
Este avance se produce apenas semanas después de que la Corte Suprema ratificara el desafuero de Lavín León, eliminando la inmunidad que lo protegía por su cargo y despejando el camino para que la justicia lo procese como a cualquier ciudadano.
El esquema: Facturas falsas y desvío de fondos
La tesis del Ministerio Público apunta a una maquinaria de defraudación diseñada para beneficiar proyectos políticos personales. Según el escrito presentado ante el tribunal, la investigación se centra en:
- Ideología falsa: La emisión de 34 facturas fraudulentas y el uso de empresas vinculadas para justificar gastos inexistentes.
- Financiamiento electoral: El presunto desvío de caudales públicos para financiar campañas de su esposa y exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga.
- Querellantes de peso: A la ofensiva de la Fiscalía se han sumado el Consejo de Defensa del Estado (CDE) y la Municipalidad de Maipú, instituciones que actúan como piezas clave en la persecución de estas irregularidades.
Círculo de hierro: Asesores y empresarios bajo la lupa
Lavín León no enfrentará solo la audiencia. La fiscal Parra también solicitó formalizar a su exasesor parlamentario, Arnaldo Domínguez, a quien se le imputan cargos de cohecho agravado y delitos tributarios. Asimismo, los empresarios informáticos Felipe Vázquez y Juan Silva serán procesados por su rol en el entramado de fraude y delitos al sistema impositivo.
Fecha clave en el calendario judicial
El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ya fijó la cita: el próximo 4 de mayo. En dicha instancia, el Ministerio Público detallará cada una de las pruebas recolectadas y solicitará las medidas cautelares correspondientes, las cuales, dada la reiteración de los delitos y la naturaleza de los mismos, podrían incluir el arresto domiciliario o la prisión preventiva.
EO
