Un reciente informe de la Contraloría General de la República, emitido este 3 de marzo, coloca en jaque la gestión administrativa de diversos ministerios. La investigación, gatillada por una denuncia de los diputados UDI Felipe Donoso y Flor Weisse, detectó el uso indebido de recursos públicos para fines partidistas y personales, además de una preocupante falta de transparencia en el registro de reuniones oficiales.
El cuestionado uso del automóvil fiscal
El foco principal de la pesquisa recae sobre la ministra de la Segegob, Camila Vallejo. Según el ente contralor, la secretaria de Estado utilizó el vehículo oficial —destinado exclusivamente a funciones del cargo— para asistir a eventos ajenos a la administración pública:
- Aniversarios partidarios: Se registran traslados al Teatro Coliseo para los aniversarios del Partido Comunista (junio 2023) y del Partido Socialista (abril 2024). Contraloría enfatiza que no se presentaron invitaciones que acreditaran estas visitas como «actividades oficiales».
- Visitas médicas en Las Condes: El informe detalla traslados desde el domicilio de la ministra hacia un edificio en calle Málaga, que alberga centros estéticos y médicos. La misma situación se repitió con la entonces subsecretaria Nicole Cardoch.
La postura de Segegob: Desde el ministerio argumentan que las visitas médicas eran «impostergables» y que el uso del auto facilitó el reintegro inmediato a sus labores. Respecto a los eventos políticos, aseguran tener los antecedentes para subsanar las observaciones, atribuyendo parte del problema a errores de registro.
El «apagón» en la Ley de Lobby
Más allá de las bitácoras de los vehículos, la Contraloría detectó una serie de reuniones de alto nivel que nunca fueron ingresadas en la plataforma de la Ley de Lobby, omitiendo la transparencia exigida al interactuar con grupos de interés.
Los nombres y las reuniones omitidas:
- Camila Vallejo (Segegob): Encuentro no registrado con la Asociación de Radiodifusores de Chile (Archi).
- Jeannette Jara (Trabajo): Omitió citas con la CUT, con el economista Cristóbal Huneeus (pieza clave en la reforma previsional), Marta Lagos (Latinobarómetro) y el Arzobispo Fernando Chomali.
- Giorgio Boccardo (Ministro de Trabajo): No registró encuentros con la CAP ni actividades relacionadas con la ley de 40 horas.
- Esteban Valenzuela (Agricultura): Presenta el registro más abultado con nueve actividades omitidas, incluyendo reuniones con la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA) y Fedetur.
- Aurora Williams (Minería): Registra omisiones en encuentros con Sonami, el Consejo Minero y el Gobernador de Antofagasta.
El dictamen de Contraloría es tajante: «Los funcionarios públicos no podrán realizar actividad política dentro del horario dedicado a la Administración, ni usar su autoridad o bienes de la institución para fines ajenos a sus funciones».
¿Qué viene ahora?
El Gobierno se encuentra en proceso de presentar los antecedentes para subsanar estas observaciones. Sin embargo, el informe deja una mancha en la probidad administrativa, especialmente en carteras que lideran reformas críticas donde la transparencia con los grupos de interés es fundamental.
SOJ
