Un enredo administrativo sacudió los pasillos del Gobierno Regional de Valparaíso tras conocerse una drástica resolución judicial: una orden de arresto por tres días contra el gobernador Rodrigo Mundaca. Sin embargo, lejos de tratarse de un delito de corrupción o una falta directa, la medida emana de un problema legal entre privados que terminó arrastrando a la máxima autoridad regional por un aparente silencio administrativo.
El origen: Un «puente» de información que se rompió
La controversia nació en el Juzgado de Cobranza Laboral de Valparaíso, en medio de un juicio que enfrenta a un particular con la Inmobiliaria Costa de Montemar de Concón. Para avanzar en la causa, el tribunal necesitaba saber si el Gobierno Regional (GORE) mantenía contratos vigentes con dicha empresa.
Al no recibir la respuesta solicitada, el tribunal aplicó una medida de apremio extrema, personalizada en Mundaca como representante legal del organismo.
«Estoy en libertad»: La defensa del Gobernador
Ante la viralización de la noticia, Rodrigo Mundaca no tardó en reaccionar. A través de un video, y con un tono de evidente molestia, el jefe regional aclaró la situación: «Como verán, estoy en libertad».
La defensa de la autoridad se centró en tres pilares fundamentales para desactivar la crisis:
- Vicio de notificación: El gobernador fue enfático en señalar que el requerimiento oficial del tribunal jamás llegó a sus manos ni fue notificado por los canales institucionales correspondientes.
- Respuesta fulminante: Una vez que el GORE se enteró de la situación por vías «extraoficiales», el equipo jurídico despachó de inmediato la información requerida sobre la inmobiliaria.
- Nulidad de la medida: Con la entrega de los antecedentes, la orden de arresto —que Mundaca calificó como una sanción ante una falta de respuesta de la que no tenía conocimiento— quedó automáticamente sin efecto.
Bajo la sombra de la filtración política
Más allá de lo jurídico, el episodio dejó un sabor amargo en la gobernación. Mundaca no dudó en apuntar a una posible «filtración de información» con fines estratégicos, cuestionando la celeridad con la que el dato llegó a los medios antes que a los propios implicados.
«Es evidente que hay una filtración importante… nosotros ni siquiera somos parte de este litigio entre privados», subrayó el gobernador, acusando un intento de dañar la imagen institucional.
El cierre de la crisis
Pese a las horas de incertidumbre, el despacho regional mantiene su operatividad normal. El caso queda ahora como una anécdota de los riesgos administrativos que enfrentan las figuras públicas, donde un documento no entregado a tiempo puede terminar, literalmente, en una orden de detención.
SOJ
