Lo que debió ser un barrio lleno de esperanza en la comuna de Quilleco es hoy un monumento al abandono. Desde hace un año y medio, las estructuras de los comités «San Lorencito II» y «Unión y Esperanza» permanecen paralizadas, mientras 200 familias observan con impotencia cómo la madera se pudre y los ahorros de toda su vida quedan atrapados en una disputa legal entre el Estado y una constructora.
Un laberinto legal sin salida a la vista
La crisis estalló el 10 de septiembre de 2024, cuando el Serviu puso término anticipado al contrato con la empresa Figuz, acusando un retraso superior al 20%. Sin embargo, lo que el organismo presentó como una medida para agilizar el proceso terminó siendo una trampa: la constructora interpuso una medida precautoria que, en la práctica, ha congelado el proyecto.
Actualmente, el Serviu se niega a cualquier recontratación mientras la justicia no levante esta barrera, un proceso que, según el presidente de la Corte de Apelaciones de Concepción, Camilo Álvarez, podría extenderse por todo lo que queda de este año.
«Abandono total»: El clamor de las dirigentes
Para las familias, el sentimiento es de una soledad absoluta. Entre los beneficiarios hay adultos mayores enfermos, madres solteras y personas que destinan gran parte de sus escasos ingresos a pagar arriendos cada vez más costosos.
- Karina Morales (Comité Unión Esperanza): «Estamos desesperadas. Serviu nos dijo que el cambio sería para mejor, pero las casas se están deteriorando día tras día. Los techos y las vigas fallan… ¿quién responderá por eso después?».
- María Parra (Comité San Lorencito II): «Sentimos un abandono total. Ningún servicio nos ayuda y no vemos solución en el sistema judicial».
La dura crítica municipal: «Me da vergüenza el Estado»
El alcalde de Quilleco, Claudio Solar, ha sido tajante al calificar la situación como un «fracaso rotundo» de la inspección técnica del Ministerio de Vivienda. Según la autoridad, existiría una disposición de la empresa para negociar y destrabar el conflicto, pero el Serviu ha permanecido «impávido».
«Las 200 familias son las únicas inocentes en esta contienda. Me da vergüenza lo que aquí ha hecho el Estado; ha dejado a estas familias en una situación que pareciera no tener importancia para ellos«, sentenció el jefe comunal.
Próximo paso: Ofensiva ante la Contraloría
Ante la falta de respuestas claras, las dirigentes y el municipio elevarán el caso a la Contraloría Regional. El objetivo es doble:
- Investigar los gastos: Verificar si el dinero pagado a la empresa coincide con el avance real de las obras.
- Revisar los procedimientos: Esclarecer por qué no se ha acatado la supuesta orden ministerial de sentarse a negociar con la empresa para evitar la paralización judicial.
La postura del Serviu: «Dependemos de la Corte»
Desde el Serviu Biobío, la jefa provincial María Gabriela Medina asegura que el organismo está trabajando en la solicitud de recursos adicionales, pero recalca que tienen las manos atadas. «Mientras la medida precautoria no sea levantada, no podemos celebrar contratos con nuevas empresas. Estamos apelando a la celeridad de la Corte, pero no tenemos fecha ni estimación de tiempo», explicó.
Mientras el «status quo» judicial persiste, las 200 casas de Quilleco siguen enfrentando el clima y el paso del tiempo, convirtiéndose en un recordatorio desolador de que, a veces, la burocracia pesa más que la dignidad humana.
SOJ
