Lo que comenzó como una sospecha en mayo pasado se ha transformado en un terremoto administrativo para el Estado chileno. Según el último informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres), basado en hallazgos de la Contraloría, cerca de 30 mil funcionarios del Gobierno Central enfrentan procesos disciplinarios tras detectarse actividades incompatibles con el reposo médico, incluyendo viajes al extranjero y visitas a casinos.
El escándalo, que ha reavivado el debate sobre la urgencia de una reforma al empleo público, revela una trama donde el descanso médico fue, en miles de casos, una fachada para el ocio o el turismo.
Las cifras del engaño
El reporte consolida una realidad alarmante: se detectaron 40.629 licencias presuntamente incumplidas. El perfil de los involucrados se desglosa de la siguiente manera:
- 29.270 funcionarios implicados: De ellos, la gran mayoría (23.745) sigue en sus puestos, mientras que 5.525 ya dejaron la administración pública.
- Sumarios en curso: El Estado ha instruido 25.352 investigaciones formales. A pesar de que algunos ya no trabajan en el servicio, la ley persigue la responsabilidad administrativa de 2.947 exfuncionarios.
El destino de los fondos: $36.000 millones en juego
El impacto financiero de estas irregularidades es masivo. Con licencias que promedian los 22 días y sueldos brutos cercanos a los $1,9 millones, la Dipres estima que el Estado desembolsó $36.876 millones en pagos a personas que, en lugar de recuperarse, realizaban otras actividades.
¿En qué ocuparon su «reposo»? El informe CIC de Contraloría es tajante:
- 33% registra salidas del país.
- 21% fue detectado en casinos de juego.
- 35% corresponde a funcionarios de servicios regionales detectados fuera de Chile.
- 5% involucra a facultativos investigados penalmente por emisión fraudulenta.
La brecha de las sanciones
Pese a la magnitud del escándalo, la justicia administrativa avanza a paso lento. De los más de 25 mil sumarios iniciados, solo 1.543 procesos han llegado a su cierre definitivo:
- Absueltos: 577 funcionarios lograron acreditar la validez de su situación.
- Destituidos: Solo 262 personas han sido removidas de sus cargos (un 17% de los casos cerrados, pero apenas el 1% del total investigado).
- Otras sanciones: 584 recibieron censuras, 65 fueron suspendidos y 55 pagaron multas.
Un dato decidor: 1.009 funcionarios prefirieron presentar su renuncia voluntaria apenas estalló el caso, antes siquiera de que se iniciara el procedimiento en su contra.
Este informe no solo expone una falla en el control de recursos humanos, sino que pone presión sobre el Ejecutivo para endurecer las fiscalizaciones y asegurar que los beneficios de seguridad social lleguen a quienes realmente los necesitan.
SOJ
