Tras cuatro intensas jornadas de formalización, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago rechazó las medidas cautelares más gravosas para Alberto Larraín y otros cuatro imputados, cuestionando la precisión de la acusación por fraude al fisco.
Lo que la Fiscalía Regional de Antofagasta proyectaba como un golpe decisivo en la arista más voluminosa del «Caso Convenios», terminó en una resolución que dejó al Ministerio Público con las manos vacías. El tribunal no solo denegó la prisión preventiva solicitada para los líderes de la Fundación ProCultura, sino que incluso descartó el arresto domiciliario, limitando la cautelar a un simple arraigo nacional.
Con esta decisión, Alberto Larraín, María Constanza Gómez, María Teresa Abusleme y Evelyn Magdaleno enfrentarán el resto de la investigación en libertad, con la única restricción de no poder abandonar el territorio chileno.
La estrategia de la defensa: «Una imputación difusa»
La jornada de este martes estuvo marcada por los alegatos de los abogados de Alberto Larraín, quienes durante dos horas desmenuzaron las debilidades de la tesis fiscal. El abogado Cristián Arias fue tajante ante el juez Patricio Álvarez: sostuvo que la querella carece de precisión jurídica y que la acusación es tan «difusa» que ni siquiera es claro que se haya cometido un delito penal.
Respecto a la cifra clave de la investigación —los $1.600 millones que habrían sido defraudados al Gobierno Regional Metropolitano—, la defensa lanzó un dardo directo al corazón de la sospecha fiscal: «Lo que es claro es que el dinero no está en el bolsillo de Alberto Larraín».
Trayectoria vs. Cuestionamientos
La defensa también buscó distanciar a ProCultura del estigma de «fundaciones fachada» que ha salpicado a otros organismos en el escándalo de los convenios. Los representantes legales destacaron:
- Experiencia acreditada: Argumentaron que la fundación posee 15 años de trayectoria y decenas de proyectos exitosos, rechazando que Larraín careciera de experiencia en áreas sensibles como la salud mental.
- Colaboración activa: Vicente Arias, co-defensor, subrayó que su representado ha colaborado con la justicia durante los dos años de indagatoria y que no ha salido del país desde 2023, demostrando un nulo peligro de fuga.
El fallo del juez
Al cierre del debate, el juez Álvarez coincidió con la idea de que una privación de libertad resultaba «desproporcionada» para el estado actual de la causa. El magistrado consideró que los imputados no representan un peligro real para la sociedad bajo los estándares exigidos para la prisión preventiva, permitiendo que el proceso continúe sin que los formalizados ingresen a un recinto penitenciario.
Este resultado obliga a la Fiscalía de Antofagasta a reevaluar su estrategia probatoria, en un caso que ha puesto bajo la lupa el traspaso de fondos públicos a organismos privados y que, por ahora, se mantiene lejos de las celdas.
SOJ
