La política fiscal chilena no nació del voluntarismo ni de la coyuntura. Es, por el contrario, el resultado de un proceso largo, acumulativo y notablemente sobrio de construcción institucional, forjado al calor de crisis externas, aprendizajes técnicos y una convicción transversal: la estabilidad fiscal no es un fin ideológico, sino una condición básica de la democracia y del desarrollo.
La crisis asiática de 1997 marcó un punto de inflexión. De ella emergió la conciencia de que el ciclo económico no podía seguir gobernando el gasto público. En 2001, Chile dio un paso pionero al adoptar la Regla de Balance Estructural, acompañada por comités consultivos independientes para estimar el precio de referencia del cobre y el PIB tendencial. No fue un gesto retórico: fue una decisión política de alto estándar técnico.
Durante la década siguiente, esa arquitectura se profundizó. La Ley de Administración Financiera del Estado (2003), la Ley de Responsabilidad Fiscal (2006), la creación del Fondo de Estabilización Económica y Social y del Fondo de Reserva de Pensiones, junto con el Comité Asesor de Fondos Soberanos, consolidaron un enfoque contracíclico reconocido internacionalmente. Incluso frente a shocks severos, la crisis subprime de 2008 o el terremoto de 2010, la institucionalidad respondió con flexibilidad, sin perder credibilidad.
Más tarde, el Consejo Fiscal Asesor (2013), luego fortalecido y dotado de autonomía legal como Consejo Fiscal Autónomo en 2019, vino a cerrar el círculo: vigilancia técnica, advertencia pública y transparencia. Hasta ahí, la curva era clara y virtuosa.
Sin embargo, en los últimos cuatro años esa trayectoria muestra su desvío más significativo. No se trata de una negación formal del marco fiscal, que sigue vigente en normas y discursos, sino de una relajación persistente en su observancia efectiva, expresada en incumplimientos reiterados de las metas, (que solo en 2025 alcanza una desviación de 2,8% del PIB y que supone una estimación de recorte para el próximo gobierno de a lo menos 4.500 millones de dólares solo para intentar cumplir la meta) ajustes metodológicos discutibles y una narrativa política que tiende a restar gravedad al alejamiento de la senda comprometida.
Conviene decirlo sin estridencias ni eufemismos, pero con firmeza: normalizar el incumplimiento fiscal es debilitar la institucionalidad que nos dio estabilidad por más de dos décadas. Del mismo modo, caricaturizar cualquier discusión sobre contención o reasignación del gasto como “alarmismo” o “ajuste ideológico” empobrece el debate público y clausura soluciones responsables.
La evolución de la deuda pública ilustra bien este punto. Chile aún se sitúa en un rango aceptable en términos comparados, en torno al 42% del PIB, pero sería intelectualmente deshonesto desconocer que en poco más de una década pasó desde niveles cercanos al 5% del PIB a comienzos de la década de 2010 a su magnitud actual. El problema no es solo el nivel, sino la velocidad del aumento, que revela una trayectoria que debe ser corregida para no comprometer el margen de maniobra fiscal frente a futuras crisis.
El desafío, entonces, no es desmantelar lo construido, sino perfeccionarlo. Ha llegado el momento de un debate sereno, técnico y de largo plazo que apunte a elevar la Regla de Responsabilidad Fiscal a rango constitucional, no como dogma, sino como compromiso intergeneracional. A ello debieran sumarse restricciones explícitas al crecimiento de la deuda, mecanismos de corrección más automáticos frente a desvíos persistentes y a la necesidad de una observancia más exigente y políticamente vinculante de las advertencias del Consejo Fiscal Autónomo.
La experiencia comparada muestra que las instituciones exitosas no fracasan por defectos de diseño, sino por pérdida de rigor en su aplicación. Chile no necesita refundar su política fiscal; necesita volver a tomársela en serio, lejos de la altisonancia política, del negacionismo fiscal y del temor a decir verdades incómodas.
Cuidar esta institucionalidad no es una opción técnica ni un debate menor: es, en sentido estricto, una responsabilidad republicana.
Augusto Parra Ahumada
Ingeniero Comercial
Presidente de la Fundación República en Marcha
EDICIÓN: SOJ
