Polémica por financiamiento estatal a festival de cine pornográfico: Diputados anuncian ofensiva ante Contraloría

El «Excéntrico Fest», realizado en Valparaíso, recibió cerca de 65 millones de pesos del Fondo de Fomento Audiovisual. Mientras el Ministerio defiende la legalidad del proceso, parlamentarios acusan «descriterio total» y «desprestigio» de los fondos concursables.

Una intensa tormenta política se ha desatado tras conocerse el financiamiento público otorgado por el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a la última edición del «Excéntrico Fest». La muestra de cine internacional, que tuvo como epicentro Valparaíso —en sedes como el Cine Insomnia y el Parque Cultural—, ha sido blanco de críticas transversales debido a su contenido centrado en la creación de pornografía.

El proyecto, adjudicado por la productora Contrafoco Spa, recibió un monto de $64.920.700 a través del Fondo de Fomento Audiovisual 2025. Según sus organizadores, la iniciativa busca «reivindicar el valor artístico, político y pedagógico» de la pornografía, intentando derribar el estigma social que pesa sobre esta industria.

La defensa de la institucionalidad

Ante la controversia, el Ministerio de las Culturas defendió la transparencia del proceso. A través de un comunicado, la cartera explicó que el proyecto se adjudicó mediante un proceso público y regulado, evaluado por una comisión de expertos externos a la Subsecretaría de las Culturas.

«Su selección se realizó conforme a los procedimientos establecidos, obteniendo un puntaje dentro del tramo de corte definido en la reevaluación técnica», señalaron desde la institución, subrayando que la asignación se ajustó a la normativa vigente.

«No con los impuestos de los chilenos»: La reacción parlamentaria

Sin embargo, los argumentos técnicos del Ministerio no lograron aplacar la molestia en el Congreso. Diputados de diversas bancadas anunciaron que llevarán el caso a la Comisión de Cultura y a la Contraloría General de la República para revisar si este gasto se ajusta a los fines que el Estado debe resguardar.

Las críticas se centraron en tres ejes principales:

  • Falta de prioridades: El diputado Gustavo Benavente (UDI) calificó al Ministerio como una institución «sin prioridades relevantes», afirmando que «para ver pornografía no se deben ocupar los impuestos de los chilenos».
  • Impacto social y cosificación: Desde RN, el diputado Eduardo Durán cuestionó que se trate a la pornografía como expresión cultural, advirtiendo sobre la «cosificación de las mujeres» y comparando este caso con la polémica del Pase Cultural.
  • Daño al sistema de fondos: El diputado Alejandro Bernales (PL) calificó la decisión como un «descriterio total». Aseguró que mientras cientos de creadores quedan fuera de los apoyos estatales, estas asignaciones «dañan la confianza pública en la institucionalidad cultural».

El foco en la fiscalización

La indignación escaló hasta el punto de que parlamentarios como Sebastián Videla (Ind-PL) confirmaron que la instancia legislativa exigirá explicaciones detalladas sobre la inversión de estos recursos. El argumento común es que el uso de fondos públicos para temas de «nicho o ideológicos» termina por desprestigiar el sistema de concursos que muchos artistas nacionales utilizan para financiar obras de alcance general.

Con la mira puesta en Contraloría, el debate ahora se traslada a la definición de los límites del Estado en el fomento de contenidos que, para gran parte del espectro político, se alejan del concepto de bien común y resguardo artístico.

SOJ