A solo seis días de iniciada la emergencia, el balance arroja 321 siniestros reportados, la gran mayoría por viviendas destruidas. Expertos proyectan que el costo total de la tragedia en la zona centro-sur podría escalar hasta los US$ 500 millones.
Mientras las llamas aún golpean con fuerza la zona centro-sur del país, las cifras del impacto patrimonial comienzan a emerger. Según el primer balance de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entre el 17 y el 23 de enero de 2026, las compañías de seguros generales ya han recibido 321 denuncias de siniestros, lo que representa un monto acumulado de $104.464.000.
La magnitud de la crisis ha concentrado el golpe en las regiones declaradas como zona de catástrofe: Ñuble y Biobío agrupan el 98,7% de los reclamos, dejando en evidencia la vulnerabilidad de la infraestructura ante el avance del fuego.
El desglose del daño patrimonial
De acuerdo con el reporte del regulador, la afectación se divide principalmente en tres frentes críticos:
- Viviendas: 215 familias han denunciado la pérdida total o parcial de sus hogares.
- Vehículos: 76 denuncias corresponden a automóviles y maquinaria destruida.
- Otros bienes: 30 casos reportan daños en infraestructuras comerciales o industriales.
La CMF destacó la celeridad de la industria, informando que el 98,44% de los casos ya se encuentran en proceso de liquidación. Además, en el ámbito de los seguros de vida, se reportan cuatro siniestros en la Región del Biobío, los cuales ya están siendo tramitados para el pago de las coberturas correspondientes.
Una crisis de proporciones históricas
Aunque las cifras de seguros cobrados parecen iniciales, el panorama general es devastador. Los incendios han arrasado con más de 34 mil hectáreas, dejando un saldo de 20 personas fallecidas y más de 3.000 viviendas afectadas.
Bajo este escenario, las proyecciones económicas estiman que el costo total de la reconstrucción y las pérdidas en la zona centro-sur podría alcanzar los US$ 500 millones. Esta cifra evoca los sombríos recuerdos del incendio de 2024 en la Región de Valparaíso, donde se registraron 1.268 siniestros asegurados, demostrando que la frecuencia de estos eventos catastróficos está poniendo a prueba la resiliencia del sistema financiero y habitacional de Chile.
Instrucción a las compañías: Facilitar el proceso
Ante la precariedad en la que se encuentran los afectados, la CMF ha enviado una instrucción clara a todas las aseguradoras: eliminar trabas burocráticas.
«La CMF instruyó a las compañías para que tomen todas las medidas necesarias para facilitar la denuncia y liquidación. Incluso si alguna sucursal física está inhabilitada por la emergencia, deben garantizar canales de atención adecuados para los asegurados», señaló el organismo regulador.
La prioridad actual es que la ayuda financiera llegue con la misma velocidad con la que se propagó el fuego, permitiendo que las familias inicien el largo camino de la reconstrucción en una zona que hoy cuenta sus pérdidas por miles.
SOJ
