La instancia que debía definir el futuro del exdirector de la PDI, condenado a 17 años de cárcel, fue suspendida luego de que el abogado de María Magdalena Neira cuestionara la imparcialidad de uno de los miembros de la sala.
La revisión de los recursos de nulidad en el caso contra el exdirector de la Policía de Investigaciones (PDI), Héctor Espinosa, quien desarrolló toda su carrera policial desde Concepción, sufrió una interrupción inesperada en la Corte Suprema. La audiencia, pieza clave para ratificar o revertir una de las sentencias más severas contra un alto mando policial, quedó suspendida tras una maniobra legal de la defensa.
El movimiento que frenó la sala
La suspensión fue gatillada por el abogado Samuel Donoso, defensor de María Magdalena Neira (condenada por lavado de activos en la misma causa). Donoso presentó una recusación contra el abogado integrante Raúl Fuentes, inhabilitándolo para conocer la causa y forzando la reprogramación de los alegatos.
En esta instancia, el fiscal jefe de Alta Complejidad Oriente, Felipe Sepúlveda, se prepara para defender el fallo del Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal, buscando que se desestime la nulidad y se confirme el cumplimiento efectivo de las penas.
El peso del fallo: 17 años de cárcel
Cabe recordar que el pasado 1 de diciembre, la justicia dictó una sentencia unánime contra Espinosa por delitos cometidos durante su gestión al mando de la policía civil. El desglose de las penas es el siguiente:
- 12 años de presidio efectivo: Por delitos reiterados de malversación de caudales públicos, falsificación y uso de instrumento público falso (periodo 2015-2017).
- 5 años y un día de presidio efectivo: Por lavado de activos (periodo 2015-2018), sumado a la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos.
- Multas: El exdirector deberá pagar un total de 215 UTM, además de las costas del proceso.
Abonos y cumplimiento
El fallo es categórico en que Espinosa debe cumplir sus penas de forma sucesiva, comenzando por la más grave. Sin embargo, la justicia ya ha certificado que el condenado cuenta con un abono de 1.510 días a su favor, correspondientes al tiempo que ha permanecido bajo arresto domiciliario nocturno y prisión preventiva desde el inicio de la investigación.
Lo que viene
Con la audiencia suspendida, la Corte Suprema deberá fijar una nueva fecha para escuchar los alegatos de clausura del Ministerio Público y los argumentos de la defensa, que insiste en vicios procesales para anular el juicio. Mientras tanto, la sentencia que marcó un precedente en la persecución de la corrupción en las policías se mantiene en un tenso compás de espera.
SOJ
