En un operativo nocturno que marca un punto de inflexión en el Caso Convenios, la Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este viernes a Alberto Larraín, psiquiatra y fundador de la extinta ONG ProCultura. El procedimiento se llevó a cabo en su domicilio en Ñuñoa, bajo una orden emanada del Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago a solicitud del fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.
La investigación, que cuenta con el apoyo de un equipo especializado de la PDI, apunta a presuntas irregularidades en el convenio suscrito con el Gobierno Regional (GORE) Metropolitano para el programa de prevención del suicidio denominado «Quédate».
Una red de detenciones
Larraín no fue el único blanco de la justicia. La orden de aprehensión se extendió a otras cuatro figuras clave vinculadas a la fundación y a la administración pública:
- María Constanza Gómez: Representante legal de ProCultura.
- María Teresa Abusleme: Exdirectora de estudios de la ONG.
- Gabriel Prado: Pareja de Abusleme y nexo contratado por el GORE para coordinar con la fundación.
- Evelyn Magdalena: Exjefa de la División de Desarrollo Social y Humano del GORE RM.
«Es parte del proceso»: Las últimas palabras de Larraín
Minutos antes de ser custodiado por el personal policial, Alberto Larraín se mostró tranquilo frente a su vivienda, calificó la acción judicial como un paso necesario.
«Todo lo que permita que esto avance, ayuda. Llevamos más de dos años y medio en este proceso y siempre hemos estado disponibles para esclarecer cualquier cosa», declaró. Respecto a su situación procesal, añadió con calma: «La detención es parte del proceso inicial para poder iniciar la formalización, y eso es lo que vamos a hacer».
Se espera que el control de detención y la correspondiente audiencia de formalización de cargos se realicen durante la jornada de mañana, donde el Ministerio Público detallará los delitos imputados a los cinco detenidos en esta arista de la investigación.
SOJ
