La magnitud de la tragedia en el sur del país ha abierto un complejo flanco de discusión presupuestaria en el Congreso. El senador y ex presidente de la UDI, Javier Macaya, puso sobre la mesa una cifra que proyecta la escala del desafío: la reconstrucción de las más de 4.000 viviendas destruidas tendría un costo cercano a los US$ 1.600 millones, un monto equivalente al gasto fiscal que demanda el reajuste salarial de los empleados públicos.
Un conflicto de prioridades
Para el parlamentario, el escenario actual obliga a una decisión ética y financiera. En su análisis, cuestionó que el foco del Ejecutivo se mantenga en el aumento de remuneraciones fiscales mientras la reconstrucción de Biobío y Ñuble carece de financiamiento asegurado.
«No se vería muy bien que la preocupación esté centrada en el reajuste de sueldos si no tenemos financiada la reconstrucción. El país entendería mal que pensemos solo en salarios cuando lo que se gastará ahí es casi lo mismo que cuesta levantar las zonas devastadas», reflexionó el senador.
La herencia para la administración Kast
Macaya advirtió que la gestión de esta tragedia será una «prueba muy dura» para el gobierno de José Antonio Kast al asumir el poder. El senador fue enfático en la precariedad de las arcas fiscales, señalando que el país gasta más de lo que percibe: «La situación fiscal que heredará el próximo Gobierno es un hoyo bien complejo de solucionar».
En este contexto, reveló que ya mantuvo conversaciones con Jorge Quiroz —futuro Ministro de Hacienda a partir del 11 de marzo—, quien ya monitorea con preocupación el impacto de la catástrofe sobre el presupuesto nacional que recibirá.
Advertencia en el Senado: Voto en contra al reajuste
Con la discusión del reajuste sector público en el horizonte, Macaya envió un mensaje directo al Palacio de La Moneda: si la prioridad sigue siendo elevar bonos y sueldos por sobre la emergencia, la oposición no descarta votar en contra del proyecto.
«A diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Diputados, en el Senado la oposición tiene mayoría. Es una conversación que iniciaremos hoy mismo», sentenció, condicionando el apoyo legislativo a una propuesta que sea coherente con la realidad que enfrentan miles de familias damnificadas.
SOJ
