Lo que comenzó como un polémico viaje a Bariloche ha terminado en la sanción más drástica de la administración pública. La consejera regional (UDI) y funcionaria de la Delegación Presidencial de Punilla, Lorena Jardua, fue notificada de su destitución, tras una investigación sumaria que cuestionó el uso de una licencia médica durante su estancia en Argentina.
El origen de la sanción
La resolución, emanada de un sumario instruido por la Delegación Presidencial de Ñuble y ratificada por la Subsecretaría del Interior, pone fin a los 27 años de servicio de la asistente social en la repartición de San Carlos. El foco de la controversia radica en el viaje que Jardua realizó a Bariloche el año pasado mientras se encontraba bajo licencia médica, un hecho que la institución calificó como una irregularidad grave.
La defensa: «No es una coartada, es mi salud»
En una sentida declaración, la exalcaldesa de San Fabián no solo calificó la medida como «desproporcionada», sino que apuntó a una motivación ideológica detrás de su salida. Según Jardua, su cargo ha sido blanco de una venganza política debido a su rol como opositora y fiscalizadora de la actual administración.
«Siento que soy objeto de una persecución. Tengo las mejores calificaciones y nunca antes tuve un proceso administrativo. Esto busca empañar mi trayectoria con fines electorales», acusó la consejera, quien además recordó ser la primera mayoría regional de su sector.
Respecto al viaje, Jardua explicó que su traslado a Argentina no tuvo fines recreativos, sino médicos. La funcionaria detalló que padece cáncer y que acudió a un centro de alta tecnología en Bariloche buscando una segunda opinión para su radioterapia. «Presenté todos los antecedentes, incluso los convenios del centro con organismos chilenos, pero los desestimaron diciendo que era mi coartada. Trataron mi enfermedad y mi angustia como una mentira», lamentó.
Batalla judicial en el horizonte
Pese a la notificación de destitución, la batalla legal está lejos de terminar. Jardua advirtió que el proceso sigue en curso y que, junto a su equipo jurídico, agotará todas las instancias administrativas y judiciales en los próximos cinco días para revertir la salida.
«Nada está dicho aún. En política no todo vale, y la dignidad de las personas no puede transformarse en un campo de batalla, menos cuando se trata de una situación de salud tan delicada», concluyó la funcionaria, quien por ahora se mantiene en sus funciones mientras se resuelven las apelaciones.
SOJ
