El Tribunal de Los Ángeles dictó un veredicto condenatorio contra María Curriao Reinao, quien durante años fue el rostro de confianza para las comunidades pehuenches de Alto Biobío, pero terminó convirtiéndose en su principal detractora, en una comuna que es la más vulnerable de la Región del Biobío. La justicia la halló culpable del delito de apropiación indebida, tras acreditarse que se quedó con más de $100 millones destinados a indemnizar a las familias que perdieron sus cementerios bajo las aguas de la Central Hidroeléctrica Ralco.
El caso es de una crudeza excepcional. Las víctimas, nueve familias de extrema vulnerabilidad, entregaron su total confianza a Curriao por su rol de facilitadora y por ser hija de un histórico dirigente de la zona. Sin embargo, la mujer traicionó ese mandato cultural y familiar, reteniendo los pagos de Enel Generación que debían mitigar el impacto de haber visto sus sitios sagrados y sus deudos sepultados bajo un espejo de agua.
Durante los cinco días de juicio, la defensa de Curriao intentó culpar a las víctimas alegando falta de «rendición de cuentas». No obstante, la evidencia fue demoledora: los afectados eran en su mayoría adultos mayores analfabetos y con graves problemas de salud, quienes murieron esperando una justicia que hoy, finalmente, llega para sus herederos.
La abogada querellante, Jéssica Espinoza, subrayó que este fallo no es solo una victoria económica, sino una reparación moral necesaria. «No fue una apropiación común; fue un acto doloroso contra personas que ya lo habían perdido todo», señaló. Con la lectura de sentencia fijada para el próximo lunes, se cierra un capítulo de abuso de poder y deslealtad que fracturó el tejido social de Quepuca Ralco, marcando un precedente contra quienes utilizan la representación indígena para beneficio personal.
SOJ
