La confianza en los tribunales de justicia atraviesa uno de sus momentos más críticos. Según la edición N°46 del informe «Claves Ipsos», una abrumadora mayoría de la ciudadanía percibe al sistema legal no como un garante de equidad, sino como una estructura permeada por influencias externas y privilegios económicos.
El estudio, que consultó a 1.000 personas de manera transversal, arroja un dato lapidario: el 57% de los chilenos identifica a la corrupción como el cáncer principal del Poder Judicial. Esta percepción de irregularidad no es aislada, sino que se extiende como una sombra sobre las instituciones más relevantes del país, vinculando a la Corte Suprema (57%), al Ministerio de Justicia (57%) y a la Fiscalía (56%) con prácticas alejadas de la probidad.
El peso del dinero y el poder
La encuesta de Ipsos devela una sensación de «justicia a dos velocidades». Las cifras son categóricas respecto a cómo opera el sistema en la práctica:
- Justicia para pocos: El 78% de los consultados cree que los fallos están condicionados por el dinero y el poder político de los involucrados.
- Barrera económica: Un 75% asegura que es casi imposible obtener justicia si no se cuenta con altos recursos económicos.
- Veredictos a la venta: El 61% de la población llega al extremo de considerar que, en Chile, es posible pagar para asegurar un resultado favorable en un tribunal.
«Desde la opinión de las personas, habría una justicia para personas de altos ingresos o con poder y otra para el resto de la población», advierte Alejandra Ojeda, Directora de Estudios Públicos de Ipsos Chile.
El «Caso Muñeca Bielorrusa»: La confirmación de las sospechas
El pesimismo ciudadano se ve alimentado por escándalos de alto perfil, particularmente el caso «Muñeca Bielorrusa», que involucra a la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco. Para el 62% de los encuestados, las irregularidades detectadas en este proceso —que beneficiaron a una empresa privada en perjuicio de Codelco— no son hechos aislados, sino prácticas frecuentes en el sistema.
Lo que más indigna a la opinión pública en este caso es la aparente existencia de una red de corrupción que conecta a jueces, empresarios y políticos (47%), sumado a la incapacidad de la Corte Suprema para detectar fallos anómalos de forma interna.
El camino hacia la reforma: Transparencia radical
Ante el diagnóstico de una crisis estructural, la ciudadanía propone medidas de choque para recuperar la confianza perdida. Según Ipsos, las acciones más urgentes y efectivas para combatir la corrupción serían:
- Fin de la opacidad: Un 56% exige levantar el secreto bancario de todos los funcionarios del Poder Judicial.
- Control Externo: El 55% pide auditorías internas rigurosas y un 43% propone que expertos ajenos al sistema participen en el nombramiento de los jueces.
- Protección al denunciante: Un 52% aboga por canales de denuncia seguros para funcionarios que detecten malas prácticas desde dentro.
El informe concluye con una advertencia: sin señales claras de transparencia y fallos judiciales contundentes, el abismo entre la ciudadanía y las instituciones judiciales corre el riesgo de volverse insalvable.
SOJ
