Un demoledor informe del Consolidado de Información Circularizada (CIC), emitido por la Contraloría General de la República (CGR), ha dejado al descubierto una negligencia sistémica en la administración pública chilena. El documento revela que, entre 2020 y agosto de 2025, un total de 164 personas inhabilitadas por delitos sexuales contra menores lograron sortear los filtros estatales y fueron contratadas en diversas instituciones públicas a lo largo del país.
En la Región del Biobío, el escándalo ha golpeado directamente a tres de sus administraciones más grandes: las municipalidades de Concepción, San Pedro de la Paz y Tomé, las cuales aparecen en el listado de las 33 entidades que mantuvieron estos contratos vigentes durante el transcurso del año 2025.
La falla en el «muro de contención» legal
La normativa vigente es clara y no admite interpretaciones. Los artículos 39 bis y 39 ter del Código Penal establecen la inhabilitación absoluta —ya sea perpetua o temporal— para cualquier individuo condenado por delitos de carácter sexual contra menores de edad.
Para que este «muro de contención» funcione, la ley obliga a todas las instituciones a realizar una verificación obligatoria en el Registro General de Condenas y el Registro Seccional de Inhabilitaciones antes de formalizar cualquier contrato. Sin embargo, el informe de la CGR demuestra que este paso crucial fue omitido o ignorado en decenas de ocasiones, permitiendo que personas con antecedentes por abuso o explotación infantil se desempeñaran en roles de alta sensibilidad.
El aula: El lugar de mayor vulnerabilidad
Lo más preocupante de los hallazgos es que la mayoría de estos casos se concentraron en el ámbito escolar. Personas inhabilitadas ejercieron funciones de profesores, asistentes de la educación y auxiliares de aseo, manteniendo contacto directo y diario con niños, niñas y adolescentes.
El desglose de la Contraloría es inquietante:
- 72 entidades han incurrido en este incumplimiento en los últimos cinco años.
- 33 instituciones mantenían personas inhabilitadas trabajando activamente en 2025.
- Los infractores no son solo municipios; la lista incluye a Servicios Locales de Educación Pública (SLEP), corporaciones municipales y, de manera alarmante, recintos hospitalarios.
El precedente de Puerto Montt: Un profesor condenado en el sistema
El informe cobra un rostro humano y urgente tras conocerse el caso de Puerto Montt. El municipio confirmó la desvinculación de un docente condenado por delitos sexuales que operaba dentro del sistema municipal. El funcionario provenía de la gestión anterior, pero tras la notificación judicial se procedió a su suspensión y posterior despido definitivo.
Este caso ha encendido las alarmas en el Biobío, donde los concejales de las comunas afectadas comienzan a exigir auditorías internas para determinar si los casos detectados por Contraloría son hechos aislados o si existen más filtraciones en los departamentos de educación y salud.
El ultimátum de Contraloría
La reacción del ente fiscalizador ha sido fulminante. La CGR ha instruido a las 164 instituciones involucradas a:
- Dar cumplimiento inmediato a la normativa de inhabilidad.
- Iniciar sumarios administrativos y procedimientos disciplinarios contra los responsables de las contrataciones.
- Reportar las acciones tomadas en un plazo perentorio de solo cinco días hábiles.
Mientras los municipios de Concepción, San Pedro de la Paz y Tomé preparan sus descargos, la comunidad escolar de la región enfrenta una crisis de confianza. La pregunta que hoy se hacen padres y apoderados es simple pero devastadora: ¿Quién está cuidando realmente a nuestros hijos dentro de las escuelas?
