Lo que comenzó como una sospecha interna se ha transformado en una de las crisis de seguridad más graves que haya enfrentado la Policía de Investigaciones (PDI) en el sur de Chile. La investigación por la sustracción de seis armas de fuego semiautomáticas desde el Laboratorio de Criminalística Regional (LACRIM) de Concepción ha dado un nuevo vuelco con la confirmación de un segundo detenido, elevando la magnitud de una trama que mezcla corrupción interna con el crimen organizado.
El hallazgo: Un vacío en la custodia del Estado
La alerta no provino de una cámara de seguridad, sino de una auditoría técnica. Mientras se revisaban peritajes pendientes por solicitud de la Fiscalía, los funcionarios detectaron una anomalía física en el depósito: ocho dispositivos de cadena de custodia simplemente no estaban.
Tras el conteo, la cifra resultó alarmante: seis pistolas semiautomáticas de alto poder y una cantidad significativa de munición de diversos calibres habían sido extraídas del cuartel. Lo más delicado es el origen de estas armas: la mayoría proviene de procedimientos realizados en la Provincia de Arauco, lo que sugiere que estas piezas eran evidencia clave en investigaciones vinculadas a la violencia rural y el conflicto en la macrozona sur.
Caída de funcionarios y purga interna
La celeridad del Departamento de Asuntos Internos permitió identificar, en primera instancia, a un Agente Policial activo de la institución como el autor material de los hurtos. Este funcionario fue puesto a disposición de la justicia y formalizado por hurto agravado e infracción a la Ley de Control de Armas, quedando bajo la medida cautelar de prisión preventiva. Ante la gravedad de los hechos, la PDI decretó su desvinculación inmediata.
Sin embargo, las pesquisas no se detuvieron ahí. Recientemente, se confirmó la detención de un segundo implicado, lo que refuerza la teoría de una red operativa dentro del cuartel que facilitaba la salida de armamento incautado para, presuntamente, reintroducirlo en el mercado negro o devolverlo a grupos criminales.
Suspensión de mando: El costo de la falta de control
El terremoto institucional alcanzó también a la cúpula del laboratorio. La PDI confirmó la suspensión de sus funciones de la subprefecta Jocelyn Cea, jefa del LACRIM Regional de Concepción.
La medida, de carácter preventivo pero severo, busca determinar la «responsabilidad de mando y control». Para la policía civil, es inadmisible que un arsenal de este calibre sea sustraído sistemáticamente de un recinto de máxima seguridad sin que los protocolos de supervisión encendieran las alarmas a tiempo. El sumario administrativo pretende establecer si hubo negligencia inexcusable o falta de vigilancia por parte de las jefaturas.
Un peligro inminente para la sociedad
La desaparición de estas armas no es solo un problema burocrático; es una amenaza directa a la seguridad y fe pública. Al tratarse de armas al parecer vinculadas a delitos en Arauco, existe el temor fundado de que este armamento haya regresado a manos de bandas peligrosas.
«La ruptura de la cadena de custodia no solo entorpece los juicios vigentes, sino que pone en la calle armas que el Estado ya había logrado sacar de circulación», señalan fuentes cercanas a la investigación.
A través de un comunicado oficial, la PDI reafirmó su compromiso con la transparencia, asegurando que se aplicarán las «máximas sanciones» a quienes resulten responsables de vulnerar la ética institucional y poner en riesgo la integridad de la evidencia criminalística del país. La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones o remociones en las próximas horas.
SOJ
