Conviniendo en que el liderazgo de Trump, de rasgos profundamente pragmáticos y no exentos de un cierto nihilismo político, se caracteriza por desafiar reglas y consensos establecidos, su acción supone una tensión permanente con el respeto al Estado de derecho y al derecho internacional.
Pudiendo existir interpretaciones jurídicas legítimas y divergentes respecto de la legalidad de una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela, lo cierto es que este escenario da cuenta, ante todo, del fracaso de la institucionalidad internacional para restablecer en ese país la democracia, el respeto a los derechos humanos y el Estado de derecho. El prolongado deterioro venezolano no solo es responsabilidad de sus élites gobernantes, sino también de un sistema multilateral incapaz de actuar con eficacia frente a violaciones sistemáticas de principios que dice defender.
El vacío que dejan la ONU y la OEA es aprovechado por Estados Unidos con fines estratégicos propios, posiblemente no tan nobles como algunos quisieran interpretar, pero que paradójicamente pueden abrir un camino de esperanza para la reconstrucción democrática de Venezuela. No se trata aquí de ingenuidad, sino de realismo: cuando la institucionalidad falla, otros actores ocupan el espacio.
Es desde esta perspectiva que conviene observar algunos elementos subyacentes que se desprenden del discurso de Trump y de la reciente estrategia de defensa presentada por Estados Unidos, y que América Latina haría bien en analizar con atención.
En ese marco, resulta indispensable poner en contexto la Doctrina Monroe, formulada en 1823 bajo el mandato del presidente James Monroe. Concebida originalmente como una advertencia a Europa contra nuevas colonizaciones o intervenciones en América —bajo el lema “América para los americanos”—, prometía no interferir en Europa a cambio de la no injerencia europea en el hemisferio occidental. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta doctrina mutó desde una lógica defensiva hacia una justificación de la hegemonía estadounidense en la región, legitimando intervenciones militares y políticas en América Latina para proteger sus intereses, transformando al continente en su “patio trasero” y generando una desconfianza duradera.
La política exterior norteamericana ha reinterpretado esta doctrina en distintos momentos históricos para ejercer formas diversas de hegemonía continental. Destacan, entre otros hitos, el impulso de Theodore Roosevelt a la idea de una “policía internacional”, así como, más tarde, el denominado Consenso de Washington, cuyo impacto en el desarrollo regional no puede analizarse sin matices ni desconocer sus aportes y limitaciones.
En su estrategia de defensa recientemente presentada, el presidente Donald Trump parece resucitar la lógica de la Doctrina Monroe, adaptándola a los desafíos estratégicos del siglo XXI. En ella plantea la necesidad de mantener un equilibrio geopolítico entre las grandes potencias, basado en el respeto de zonas de influencia o de interés estratégico, sin intromisión recíproca y con la garantía de no intervenir en otros continentes. En ese contexto, reaparecen dos frases que condensan toda una visión del mundo: “América para los americanos” y “Estados Unidos primero”.
La propuesta es clara: estrechar relaciones de colaboración, estimular inversión y ofrecer protección a América Latina, a cambio de una relación asimétrica que puede derivar en subordinación y en la explotación de recursos estratégicos. No se trata de filantropía internacional, sino de geopolítica en su expresión más clásica.
La reaparición de esta doctrina ocurre, además, en un momento de particular fragilidad del multilateralismo. Fragilidad explicada tanto por su ineficacia para garantizar democracia y derechos humanos, como por la pérdida de credibilidad tras el impulso de agendas bien inspiradas, pero fallidas y excesivamente ideologizadas; por los intentos de captura política de organismos multilaterales; y por el resurgimiento de potencias abiertamente nihilistas, desprovistas de otro principio que no sea el pragmatismo del poder.
Este escenario abre paso a un deterioro que podría resultar terminal para el multilateralismo y amenaza con someter a las naciones a la imposición de la ley del más fuerte: una suerte de retroceso civilizatorio hacia el estado de naturaleza descrito por Hobbes.
Sin embargo, también puede ser una oportunidad. Una oportunidad para reforzar y recuperar el multilateralismo y el derecho internacional, en la medida en que se ejerza una diplomacia inteligente y estratégica. La cercanía con Estados Unidos puede suponer un aporte, pero una política exterior verdaderamente esperanzadora exige una mirada prospectiva y pragmática, que no renuncie a los valores y principios que la orientan. De allí la importancia de avanzar hacia una autonomía estratégica, en el sentido europeo del concepto: atraer inversión en áreas clave, diversificar alianzas para evitar subordinaciones, preservar soberanía en sectores críticos y desenvolverse con inteligencia en una economía abierta y profundamente interdependiente.
En este contexto de reconfiguración del orden mundial, resulta inevitable volver la mirada a Nicolás Maquiavelo. En El Príncipe, Maquiavelo distingue con crudeza entre la virtud política la virtù, entendida como capacidad de actuar eficazmente en un mundo incierto y el destino trágico del profeta desarmado, aquel que confía únicamente en la fuerza de las ideas, de las normas o de los principios sin respaldo real de poder.
La pregunta que queda abierta, entonces, es tan incómoda como necesaria: ¿quién encarna hoy la virtud política en el escenario internacional? ¿Son los liderazgos capaces de imponer hechos aunque tensionen las reglas los verdaderos depositarios de la virtù maquiaveliana? ¿Y quiénes representan, en cambio, a los profetas desarmados: las instituciones multilaterales debilitadas, las declaraciones solemnes sin eficacia, los principios desprovistos de fuerza?
Tal vez el dilema de nuestro tiempo no sea elegir entre cinismo o idealismo, sino reconstruir una política capaz de reconciliar poder y principios, eficacia y legitimidad. Porque, como advertía Maquiavelo, cuando la virtud abdica de la acción, el mundo no se ordena por el bien, sino por la fuerza. Y en ese vacío, siempre alguien decide por otros.
Augusto Parra Ahumada
Ing. Comercial – Postgrado En Ciencias Políticas
Presidente de la Fundación República en Marcha
