Lo que la autoridad presentó como una agenda de «beneficios» para el sector artesanal, ha terminado por unir a los históricamente distanciados sectores industrial y artesanal en un frente común contra el Gobierno. La Asociación de Pescadores Industriales del Biobío —gremio clave en la economía regional— junto a Sonapesca y diversas organizaciones de armadores y de la pesca artsnal han solicitado formalmente a la Contraloría la nulidad de la Resolución Exenta 2.563 de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca).
La acción busca detener lo que califican como una «incorporación masiva, excepcional e ilegal» de miles de nuevas embarcaciones al Registro Pesquero Artesanal (RPA), una medida que, según los gremios, rompe con décadas de manejo sustentable.
El Biobío como epicentro de la defensa técnica
Para los Pescadores Industriales del Biobío, la resolución firmada por el subsecretario Julio Salas representa un retroceso administrativo sin precedentes. La industria regional, que ha liderado la recuperación de recursos estratégicos, sostiene que la autoridad está ignorando el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), el indicador científico que determina cuánto se puede extraer del mar sin agotar las especies.
«El subsecretario Salas ha actuado más con un criterio político que siguiendo las recomendaciones científicas», afirmó Macarena Cepeda Godoy, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío y vicepresidenta de Sonapesca.
Cepeda destacó que el jurel chileno, cuyo procesamiento tiene su base principal en las plantas de la Región del Biobío, es hoy un caso de éxito mundial. Tras años de estrictas cuotas, la especie pasó de estar sobreexplotada a estar sana. «Si se desconocen las reglas de acceso, se pone en riesgo no solo la sustentabilidad, sino el empleo de miles de familias de nuestra región», advirtió.
Los puntos críticos de la impugnación
El recurso presentado ante la Contraloría de Valparaíso detalla que la Subsecretaría habría incurrido en las siguientes faltas:
- Vulneración del carácter cerrado de las pesquerías: Especies como la merluza común (agotada) o el jurel (en plena explotación) tienen sus registros cerrados por ley. Abrirlos por una «simple resolución» administrativa sería ilegal.
- Omisión de los Consejos Zonales: La ley exige un informe técnico y la consulta a los Consejos Zonales de Pesca, pasos que la autoridad se habría saltado para acelerar la medida.
- Uso de la Ley de Fraccionamiento como «escudo»: Los gremios denuncian que se está usando la nueva ley de cuotas como pretexto, a pesar de que dicha norma solo redistribuye porcentajes y no faculta la entrada de nuevos actores al sistema.
Una amenaza al ecosistema marino
Desde el Biobío, los armadores artesanales agrupados en Conapesca coinciden con la industria en el peligro de la «sobresaturación» del mar. Victoria Rubio, líder de los armadores costeros, subrayó que la resolución pretende incorporar nuevos dueños de lanchas sin que existan vacantes reales.
«Lo que buscamos es que se declare la ilegalidad de la resolución 2.563. Si esto se normaliza, mañana cualquier norma de conservación se podrá desarmar por oficio, exponiendo al país a un deterioro irreversible de su ecosistema», sentenció Rubio.
Medidas bajo la lupa
La resolución impugnada es parte de un paquete que incluye la extracción de jurel para naves menores de 12 metros y el fomento de flotas «multiespecies» para la captura de reineta y sardina española, acciones que han sido cuestionadas de manera transversal por alejarse de la evidencia técnica de los Comités Científicos.
El requerimiento ingresado cuenta con el respaldo de una amplia coalición regional y nacional, incluyendo al Sindicato de Armadores y Pescadores Artesanales Pelágicos y diversos gremios del Biobío, quienes esperan que la Contraloría restablezca el orden jurídico en la administración pesquera del país.
El Biobío en Alerta: Industriales y Artesanales frenan en Contraloría masiva apertura de registros pesqueros
CONCEPCIÓN / VALPARAÍSO.– Lo que la autoridad presentó como una agenda de «beneficios» para el sector artesanal, ha terminado por unir a los históricamente distanciados sectores industrial y artesanal en un frente común contra el Gobierno. La Asociación de Pescadores Industriales del Biobío —gremio clave en la economía regional— junto a Sonapesca y diversas organizaciones de armadores, han solicitado formalmente a la Contraloría la nulidad de la Resolución Exenta 2.563 de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca).
La acción legal busca detener lo que califican como una «incorporación masiva, excepcional e ilegal» de miles de nuevas embarcaciones al Registro Pesquero Artesanal (RPA), una medida que, según los gremios, rompe con décadas de manejo sustentable.
El Biobío como epicentro de la defensa técnica
Para los Pescadores Industriales del Biobío, la resolución firmada por el subsecretario Julio Salas representa un retroceso administrativo sin precedentes. La industria regional, que ha liderado la recuperación de recursos estratégicos, sostiene que la autoridad está ignorando el Rendimiento Máximo Sostenible (RMS), el indicador científico que determina cuánto se puede extraer del mar sin agotar las especies.
«El subsecretario Salas ha actuado más con un criterio político que siguiendo las recomendaciones científicas», afirmó Macarena Cepeda Godoy, presidenta de los Pescadores Industriales del Biobío y vicepresidenta de Sonapesca.
Cepeda destacó que el jurel chileno, cuyo procesamiento tiene su base principal en las plantas de la Región del Biobío, es hoy un caso de éxito mundial. Tras años de estrictas cuotas, la especie pasó de estar sobreexplotada a estar sana. «Si se desconocen las reglas de acceso, se pone en riesgo no solo la sustentabilidad, sino el empleo de miles de familias de nuestra región», advirtió.
Los puntos críticos de la impugnación
El recurso presentado ante la Contraloría de Valparaíso detalla que la Subsecretaría habría incurrido en las siguientes faltas:
- Vulneración del carácter cerrado de las pesquerías: Especies como la merluza común (agotada) o el jurel (en plena explotación) tienen sus registros cerrados por ley. Abrirlos por una «simple resolución» administrativa sería ilegal.
- Omisión de los Consejos Zonales: La ley exige un informe técnico y la consulta a los Consejos Zonales de Pesca, pasos que la autoridad se habría saltado para acelerar la medida.
- Uso de la Ley de Fraccionamiento como «escudo»: Los gremios denuncian que se está usando la nueva ley de cuotas como pretexto, a pesar de que dicha norma solo redistribuye porcentajes y no faculta la entrada de nuevos actores al sistema.
Una amenaza al ecosistema marino
Desde el Biobío, los armadores artesanales agrupados en Conapesca coinciden con la industria en el peligro de la «sobresaturación» del mar. Victoria Rubio, líder de los armadores costeros, subrayó que la resolución pretende incorporar nuevos dueños de lanchas sin que existan vacantes reales.
«Lo que buscamos es que se declare la ilegalidad de la resolución 2.563. Si esto se normaliza, mañana cualquier norma de conservación se podrá desarmar por oficio, exponiendo al país a un deterioro irreversible de su ecosistema», sentenció Rubio.
Medidas bajo la lupa
La resolución impugnada es parte de un paquete que incluye la extracción de jurel para naves menores de 12 metros y el fomento de flotas «multiespecies» para la captura de reineta y sardina española, acciones que han sido cuestionadas de manera transversal por alejarse de la evidencia técnica de los Comités Científicos.
El requerimiento ingresado cuenta con el respaldo de una amplia coalición regional y nacional, incluyendo al Sindicato Independiente de Armadores y Pescadores Artesanales Afines; el Sindicato de Pescadores y Armadores Artesanales del Mar; y el Sindicato de Trabajadores Independientes de Pescadores Artesanales, Armadores Artesanales Pelágicos.
SOJ
