Un lapidario informe de la Contraloría General de la República (CGR) expone el colapso de los controles en la DICREP, más conocido como la «Tía Rica». Durante 2023 y 2024, la institución omitió denunciar transacciones de delincuentes habituales y permitió que usuarios empeñaran bienes hasta 230 veces en un solo año.
La Dirección General de Crédito Prendario (DICREP), históricamente conocida como el auxilio financiero de los chilenos en tiempos de crisis, enfrenta hoy su crisis más severa de probidad. El Informe N° 400 de 2025 de la Contraloría General de la República ha destapado una «puerta abierta» al blanqueo de especies robadas y al financiamiento de personas con antecedentes penales, debido a una ausencia casi total de protocolos de fiscalización.
Usuarios «Profesionales»: 230 empeños al año
Uno de los hallazgos más alarmantes de la auditoría es la existencia de usuarios que utilizan el servicio con una frecuencia que escapa a cualquier necesidad doméstica. Según el ente contralor:
- En 2023: 4.769 usuarios realizaron transacciones recurrentes (entre 10 y 229 operaciones cada uno), movilizando $7.139 millones.
- En 2024: La cifra aumentó a 4.895 usuarios, con casos extremos de hasta 230 empeños por persona, sumando un total de $7.290 millones.
Esta frecuencia sugiere que la DICREP ha sido utilizada no como un recurso de emergencia, sino como una caja pagadora para circuitos de comercialización de bienes cuya procedencia lícita nunca fue cuestionada.
El silencio ante el delito
El informe es categórico al señalar que la institución se convirtió en un «punto ciego» para la justicia. Se detectó que 1.681 personas con antecedentes penales realizaron operaciones por $1.507 millones y, tras obtener el dinero, abandonaron las especies.
Pese a tener los nombres, RUT y características de los bienes (modelos y números de serie), la DICREP no presentó denuncias ni entregó antecedentes al Ministerio Público o a las policías, permitiendo que objetos potencialmente robados fueran liquidados sin rastro.
Fallas estructurales: Sin filtros ni alertas
La Contraloría evidenció que la Casa Matriz y su sucursal en San Pablo operan bajo una vulnerabilidad crítica:
- Identidad no verificada: Ausencia de procedimientos básicos para validar datos personales y la propiedad de los bienes.
- Sin coordinación policial: No existe cruce de información con las policías para verificar si las especies recibidas tienen encargo por robo.
- Inexistencia de alarmas: El sistema no emite alertas ante comportamientos sospechosos o usuarios que acuden diariamente a empeñar objetos.
Consecuencias: Sumario y Ministerio Público
Ante la gravedad de los hechos, que podrían constituir delitos de receptación u omisión de denuncia, la Contraloría ha tomado medidas drásticas:
- Procedimiento Disciplinario: Se instruyó un sumario interno para determinar las responsabilidades administrativas de los mandos de la DICREP.
- Derivación Penal: El informe fue remitido íntegramente al Ministerio Público para que se investigue la posible comisión de delitos.
La DICREP tiene ahora la obligación de refundar sus sistemas de control, bajo la advertencia de que será sometida a una nueva revisión para verificar si la «Tía Rica» ha dejado de ser, involuntariamente, la mejor aliada del mercado negro.
Radiografía de la vulnerabilidad (2023-2024)
| Hallazgo Crítico | Impacto Financiero | Observación de Contraloría |
| Usuarios con antecedentes | $1.507 millones | No se denunció a las autoridades competentes. |
| Operaciones recurrentes | > $14.400 millones | Frecuencias de hasta 230 veces por usuario/año. |
| Control de Especies | Nulo | No se verifican números de serie ni origen lícito. |
| Acción Legal | Denuncia Penal | Informe enviado al Ministerio Público. |
SOJ
