Contraloría Detecta que Funcionario de Hospital Regional Habría Recibido $89 Millones de Empresa Vinculada a su Padre

Un explosivo informe de la Contraloría Regional del Biobío destapó un posible esquema de corrupción en el Hospital Regional de Concepción (HGGB). Recursos públicos, personal e infraestructura del hospital habrían sido utilizados para procesar miles de exámenes facturados por la Universidad de Concepción a terceros, mientras el jefe de la Unidad de Anatomía Patológica (UAP) podría haber recibido millonarios pagos de una empresa cuyo socio es su padre.

La Contraloría Regional del Biobío ha emitido el Informe Final de Investigación Especial 398 de 2025, un documento que expone presuntas y graves faltas a la probidad en la Unidad de Anatomía Patológica (UAP) del Hospital Clínico Regional Dr. Guillermo Grant Benavente (HGGB).

El organismo contralor intervino directamente, asumiendo la conducción de un único sumario administrativo debido a la gravedad de los hallazgos.

La Red del Triple Pago y el Conflicto de Intereses

La investigación se centró en la UAP, descubriendo un eventual complejo entramado de convenios, facturación y pagos externos que involucraría adicionalmente a la Universidad de Concepción (UdeC) y a laboratorios privados vinculados a los propios funcionarios del hospital.

1. El Jefe de Unidad y la Empresa de su Padre

El caso más sensible es el del jefe de la UAP, Pablo Mucientes Burotto. La Contraloría determinó que Mucientes recibió $89.085.419 en honorarios entre 2023 y 2024 del Centro Diagnóstico Anatomopatológico Ltda. (CDA).

El problema radica en que el padre del jefe de la UAP es socio del CDA, empresa que mantenía convenios con la UdeC para derivar exámenes. En la práctica, la empresa familiar enviaba muestras que eran analizadas con recursos y personal del hospital que Mucientes Burotto dirigía. La Contraloría calificó esta situación como un «eventual conflicto de intereses», al menos.

2. El Esquema del Triple Salario

La fiscalización reveló que al menos cuatro funcionarios de la UAP recibían simultáneamente tres tipos de ingresos por el mismo trabajo:

  • Remuneración habitual por su jornada en el HGGB (pagada por el Estado).
  • Pagos de la UdeC (por un total de $73 millones entre seis funcionarios) por realizar los análisis de convenios externos.
  • Pagos de laboratorios y sociedades médicas privadas vinculadas a los funcionarios ($188 millones adicionales) por las mismas prestaciones.

La Contraloría advirtió que la combinación de subordinación laboral y beneficios económicos externos «pugna con el principio de probidad administrativa».

💸 El Hospital Pagó el 96% de los Costos, Pero no Recibió Ingresos

El informe constató que la Universidad de Concepción facturó más de $850 millones a terceros (incluyendo otros hospitales públicos como el de Chillán y servicios de salud) por 54.996 exámenes realizados en los laboratorios de la UAP.

La Contraloría establece que el Hospital Grant Benavente asumió casi la totalidad de los costos operacionales de estos servicios:

  • 96% del gasto total (incluyendo el 100% de las remuneraciones del personal y el 89% de la compra de insumos).
  • $4.487 millones en remuneraciones y honorarios financiados por el hospital durante el periodo fiscalizado.

El órgano fiscalizador concluye que el Estado «termina pagando en dos ocasiones, por los mismos procedimientos», lo que vulnera los principios de legalidad y eficiencia en el uso de recursos públicos.


Versiones Contrapuestas y Futuro Disciplinario

El Hospital de Concepción afirmó que acató la instrucción de la CGR y remitió íntegramente los expedientes disciplinarios iniciados internamente, asegurando plena colaboración con el sumario que ahora dirige la Contraloría.

Por su parte, la Universidad de Concepción rebatió parte de las observaciones, asegurando que existe un convenio formal con el hospital (vigente desde 2014) y que sus aportes en infraestructura y personal «superan ampliamente» los costos considerados por la Contraloría. El hospital, no obstante, entregó una versión distinta, afirmando que no existe un convenio formal vigente y que están evaluando mecanismos para regularizar la histórica colaboración.

SOJ