Una sentencia emitida por el 24° Juzgado Civil de Santiago ha dado la razón a los dueños de la icónica ex Fuente Alemana, quienes demandaron al Estado chileno por «falta de servicios» tras el estallido social de 2019. El dictamen obliga al Fisco a pagar una suma cercana a los $475 millones a los propietarios del tradicional local gastronómico.
Los beneficiarios del fallo, de primera instancia, son Claudio Siri Iglesias, Carlo Siri Scolari y su cónyuge, Paula Andrade Ifchenko, herederos de la tradición gastronómica ubicada a escasos metros del epicentro de las protestas, la Plaza Baquedano.
Detalle de la Indemnización
La compensación total asciende a $475.632.333, desglosada de la siguiente manera:
- Lucro Cesante: $420.632.333, destinado a compensar las pérdidas económicas por la interrupción de la actividad comercial.
- Daño Moral: Se suman $55 millones distribuidos entre los demandantes:
- Carlo Siri Scolari: $30 millones.
- Claudio Siri Iglesias: $15 millones.
- Paula Andrade Ifchenko: $10 millones.
El escrito judicial subraya el mayor impacto emocional sufrido por Carlo Siri, quien «se ha visto expuesto, con mayor frecuencia y fuerza, a las agresiones de los violentistas,» quedando sus consecuencias diagnosticadas en informes periciales.
El Argumento Central: La «Suerte» de los Locatarios
La demanda, que inicialmente solicitaba casi $1.200 millones, se basó en el argumento de que, tras el 18 de octubre de 2019, el sector de Plaza Baquedano—donde la Antigua Fuente (ex Fuente Alemana) ha operado por más de 50 años—quedó en un estado de violencia constante.
Los demandantes argumentaron que, si bien las autoridades decretaron un Estado de Excepción Constitucional al inicio de las protestas, una vez que este cesó, el Estado chileno «sencillamente bajó los brazos, dejando a su suerte a sus habitantes y locatarios por un tiempo superior a dos años y contando».
Esta situación de violencia permanente solo fue atenuada por las restricciones y cuarentenas decretadas a causa de la pandemia de Covid-19, pero el núcleo de la controversia residió en la ausencia de protección efectiva que permitió la prolongada convulsión social en el sector más neurálgico de Santiago. El fallo judicial valida así la responsabilidad del Estado por la inacción en el resguardo del orden público y los bienes de los ciudadanos. Los representantes del Fisco tienen cinco días hábiles para apelar de la sentencia de primera instancia.
SOJ
