El Tribunal Supremo (TS) de España ha dictaminado una medida de alto impacto político: el envío a prisión provisional, comunicada y sin fianza, del exministro de Transportes José Luis Ábalos (2018-2021). La decisión judicial se relaciona con una compleja trama de corrupción que investiga el supuesto cobro de comisiones ilegales en la adjudicación irregular de contratos de mascarillas durante la pandemia de COVID-19.
Simultáneamente, la justicia ordenó prisión preventiva sin fianza para Koldo García, exasesor de Ábalos y también presuntamente implicado en el entramado, conocido mediáticamente como el ‘caso Koldo’.
La Gravedad de los Indicios y el Riesgo de Fuga
El magistrado que instruye la causa había procesado a Ábalos y García a principios de noviembre, señalando que ambos habrían aprovechado sus cargos para favorecer la contratación pública de ciertas empresas, introducidas por un presunto comisionista, el empresario Víctor de Aldama, a cambio de beneficios económicos.
La decisión de prisión preventiva se fundamenta no solo en la existencia de «numerosos indicios racionales de criminalidad», sino también en un «riesgo de fuga» que se considera aumentado ante el «previsiblemente muy próximo enjuiciamiento».
El ‘caso Koldo’ se define como un presunto entramado de corrupción que abarca el pago de comisiones ilegales no solo por contratos sanitarios, sino también por la adjudicación irregular de obras públicas, una trama en la que también habría participado Santos Cerdán, exsecretario de organización del PSOE y figura muy cercana a Pedro Sánchez, quien se encuentra en prisión preventiva desde junio.
Un Hito en la Política Española
El ingreso de Ábalos a la cárcel marca un precedente inmediato en la política española. El exministro se convierte en el primer diputado en activo que entra en prisión preventiva en el país, un hecho que no se registraba en las Cortes ya que otros exparlamentarios condenados habían dimitido previamente. Es también el quinto exministro en la historia de España en ingresar a prisión.
Aunque legalmente un parlamentario solo pierde su acta con una sentencia firme, el Congreso de los Diputados ya inició el trámite para suspender a Ábalos de sus funciones y atribuciones (sueldo, voto, etc.), amparándose en la normativa que permite adoptar estas medidas cuando un diputado se halla en situación de prisión preventiva.
Ábalos, quien dimitió de sus cargos en el PSOE en febrero de 2024, se negó a dejar su escaño como le pedía su partido, por lo que hasta ahora formaba parte del Grupo Mixto de la Cámara Baja.
Las presuntas actividades ilegales de importantes exaltos cargos socialistas, en su tiempo muy próximos al entorno del presidente Pedro Sánchez, se han convertido en munición política, alimentando los principales argumentos de la oposición para criticar al Ejecutivo y solicitar la convocatoria de elecciones anticipadas.
La dirección del PSOE, consultada por la agencia EFE tras conocerse la decisión del magistrado, optó por la cautela, limitándose a un breve y resignado comentario: «Ya veníamos llorados».
SOJ
