La discusión del erario fiscal 2026 entra en su fase más crítica. Tras ser despachado por la Cámara de Diputados con un inédito 42% de las partidas rechazadas (14 en total), el Presupuesto llega al Senado diezmado y con un ultimátum claro de la oposición: el Gobierno de Chile debe negociar un ajuste a las proyecciones de ingresos y gastos antes de avanzar en la reposición de partidas.
Con el plazo límite del 29 de noviembre para ser despachado a ley, la discusión que comienza este jueves a las 12:00 horas será decisiva para el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.
La Controversia de los US$1.500 Millones Desfinanciados
El punto de fricción se centra en las estimaciones económicas del Ejecutivo, las cuales, según la oposición y expertos externos, sobreestiman los ingresos y subestiman el gasto. Los parlamentarios opositores insisten en que el Presupuesto está desfinanciado en torno a los US$1.500 millones.
Este monto se descompone en:
- Sobreestimación de Ingresos: Aproximadamente US$1.000 millones, impulsada por proyecciones tributarias consideradas excesivamente optimistas.
- Subestimación de Gastos: Cerca de US$500 millones, principalmente en provisiones para el reajuste del sector público y las subvenciones.
La senadora Ximena Rincón (Demócratas), presidenta de la Comisión Mixta, fue clara: «Seguiremos insistiendo en algo que consideramos esencial: las estimaciones de ingresos y gastos. El Presupuesto que presentaron está desfinanciado.»
El senador UDI Sergio Gahona argumentó que las cifras no cuadran, citando advertencias del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) y el FMI: «Es irresponsable votar un Presupuesto sin las cifras reales y completas… Hoy proyectan un crecimiento real de ingresos de 4,7%, con una economía creciendo solo 2,5%. Eso no cuadra.»
Ultimátum al Ministro Grau y la Amenaza de un Segundo Rechazo
La oposición ha establecido la sinceración de las cifras como un requisito previo a cualquier análisis de las partidas. Parlamentarios como José García Ruminot (RN) exigen al Ejecutivo que «haga de la discusión presupuestaria un proceso informado,» abordando preguntas clave como la deuda flotante y el financiamiento del reajuste público.
Si el ministro Grau mantiene su «atrincheramiento», Gahona advierte que se corre el riesgo de un nuevo rechazo de partidas. Pese a ello, tranquilizó al sector público: si se rechazan los fondos, «los costos permanentes del Estado no están en riesgo», ya que la afectación recaería en los gastos variables, asociados al gasto más político y programático del Gobierno.
El Respaldo de la Técnica y la Mirada Oficialista
La crítica opositora es respaldada por expertas que asesoraron la mesa técnica. La exdirectora de Presupuestos, Cristina Torres, señaló que el principal problema radica en la sobreestimación de ingresos, especialmente la recaudación esperada por la Ley de Cumplimiento Tributario. Soledad Hormazábal de Horizontal coincidió, pidiendo que se considere una «provisión suficiente para hacer frente a la ley de reajuste del sector pública y de las subvenciones».
Desde el oficialismo, la posición es de cautela y llamado al acuerdo. El senador Daniel Núñez (PC) advirtió que la «postura extrema» de la derecha pone en riesgo beneficios sociales como el Copago Cero y la gratuidad universitaria. Por su parte, el senador Iván Flores (DC) criticó el rechazo completo de partidas esenciales, calificándolo como una «jugarreta peligrosa».
La esperanza oficialista se centra en que la negociación en el Senado logre reponer los fondos rechazados sin que el Gobierno deba ceder en su marco macroeconómico.
Enfoque en Género y Cambio Climático
En el marco de esta friccionada discusión, la Dirección de Presupuestos destacó que el 23% de la propuesta ($19,8 billones, o US$21.307 millones) contribuye a avanzar hacia la igualdad de género. Adicionalmente, se incluyeron $4,6 billones para acciones de mitigación, adaptación o medidas mixtas contra el cambio climático.
SOJ
