Un nuevo debate legal se ha abierto en torno al deterioro del espacio público. Un grupo de urbanistas ha puesto sobre la mesa la necesidad urgente de modificar la ley chilena para sancionar de manera específica y severa los grafitis y rayados en la infraestructura urbana.
La propuesta de los especialistas busca un cambio radical en la percepción legal de estos actos, instando a que sean tipificados como “ocupaciones violentas”. Entre las medidas planteadas se incluyen la obligatoriedad de la limpieza por parte de los infractores y un alza sustancial en las multas.
El Vacío Legal: ¿Por Qué la Ley Actual es Insuficiente?
Para entender la controversia, es clave analizar el marco legal vigente. Rodrigo Guerra, abogado penalista y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, explica que, si bien la práctica está prohibida por diversas ordenanzas municipales, la legislación penal chilena no es explícita.
«En algunos casos, el Ministerio Público ha logrado formalizar [a los rayadores] por el delito de daños,» señala Guerra. No obstante, advierte que el Código Penal no alude directamente a «alterar la apariencia de cualquier forma de un objeto ajeno,» lo que crea un vacío legal que dificulta la persecución.
El experto comparó la situación con legislaciones extranjeras, donde la conducta de alterar «de forma indebida e ilícita la apariencia de un objeto ajeno, ya sea de forma permanente y considerable», sí es castigada.
La Excepción de los Monumentos y la Propuesta de Reforma
Actualmente, la única excepción clara en Chile aplica a los monumentos nacionales, donde la ley sí aborda cualquier tipo de perjuicio o daño.
Respecto a la propiedad privada y pública en general, el académico de la Uandes concluye que la legislación necesita una adecuación para enfrentar la realidad urbana:
«Sería bueno pensar en una legislación o un cambio en el tipo penal que haga específicamente referencia a alterar la apariencia ilícitamente de un objeto ajeno de forma considerable y permanente,» propone Guerra, alineándose con la urgencia de dotar al Estado de herramientas más robustas para proteger el patrimonio y la estética urbana.
La discusión está instalada: Chile debe definir si el rayado sigue siendo un problema de ordenanza o si, como proponen los urbanistas, se debe penalizar como un atentado directo y violento contra el espacio y la propiedad.
SOJ
