La presidenta de Perú, Dina Boluarte, fue destituida de manera fulminante este viernes por el Congreso, poniendo fin a una gestión marcada por la represión, escándalos y una impopularidad sin precedentes. La mandataria, que llegó al poder en medio de la crisis de 2022, se despidió con un mensaje a la nación que, en un gesto cargado de simbolismo político, fue cortado abruptamente por todas las cadenas de televisión, incluyendo la estatal TV Perú.
El Pleno del Congreso de 130 parlamentarios aprobó su destitución inmediata por una votación abrumadora: 122 votos a favor. La causal invocada fue la de «permanente incapacidad moral» para enfrentar el auge de la criminalidad a escala nacional, un recurso legal que ha marcado la volatilidad política en Perú.
El Último Mensaje Cortado y la Desaparición
Boluarte apareció en el Palacio de Gobierno de Lima, flanqueada por sus ministros y sin portar ya la banda presidencial, el símbolo de su extinto cargo. Aunque comenzó aceptando su destitución, su intento de enumerar los logros de su gestión fue silenciado: el mensaje pregrabado fue sacado del aire en el momento en que intentaba defender su balance.
Minutos después, la exmandataria abandonó la sede presidencial en su automóvil oficial con rumbo desconocido. Cuatro horas después de su salida, su paradero seguía siendo un misterio. Aparentemente, no llegó a su residencia en Surquillo, donde nadie esperaba en la calle a quien era considerada la gobernante más impopular de América, con apenas un 3% de aprobación.
Acusaciones Graves y Rumores de Asilo
La destitución no es el fin de los problemas para Boluarte. La Fiscalía ya la investiga por al menos once casos de graves delitos, incluyendo crímenes contra los derechos humanos. Entre las imputaciones más serias están las más de 50 muertes ocurridas durante la represión de las protestas que exigían nuevas elecciones tras la caída de Pedro Castillo.
Además, enfrenta cargos por presunta corrupción, específicamente por regalos lujosos y relojes Rolex no declarados, no informar sobre cirugías estéticas que la habrían inhabilitado físicamente para ejercer el cargo, y el presunto encubrimiento de la fuga de un líder del partido Perú Libre.
Antes de su caída, corrieron rumores sobre un posible asilo en las embajadas de Argentina, Brasil o Ecuador. Pese a que su abogado, Juan Carlos Portugal, descartó públicamente una fuga, decenas de personas se congregaron frente a la Embajada de Ecuador en Lima para protestar y prevenir un eventual ingreso de la destituida presidenta a la sede diplomática.
La situación legal de Boluarte se complicó aún más cuando el fiscal general interino, Tomás Gálvez, anticipó que solicitaría a un juez prohibirle la salida del país.
El Colapso de una Alianza Tácita
Paradójicamente, los mismos partidos de derecha que controlan el Congreso y que la habían sostenido en el poder desde 2022, fueron quienes le dieron la espalda y la destituyeron de manera exprés. Esta maniobra se atribuye a las ambiciones presidenciales de varios líderes opositores, como Keiko Fujimori y el ultraconservador alcalde de Lima, Rafael López Aliaga.
En reemplazo de Boluarte, asumió como jefe de Estado interino el presidente del Congreso, José Jerí, del partido de derecha Somos Perú, quien deberá conducir al país hasta las nuevas elecciones ya convocadas para 2026. Jerí se convierte en el séptimo presidente de Perú desde 2016, una dramática evidencia de la profunda y persistente convulsión política que azota a la nación andina.
SOJ
