La jueza del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, Irene Rodríguez, fue interrogada esta semana por la Fiscalía en calidad de imputada por el delito de prevaricación culposa. La magistrada es investigada por su presunta responsabilidad en la liberación de Alberto Carlos Mejía, un sicario vinculado al Tren de Aragua que luego se fugó del país. Mejía es el principal sospechoso del asesinato de José Reyes, conocido como el «rey de Meiggs».
Prevaricación: Un Delito de Negligencia Inexcusable
El delito de prevaricación ocurre cuando un juez u otra autoridad pública dicta una resolución a sabiendas de que es injusta. Sin embargo, en el caso de la jueza Rodríguez, la investigación apunta a una prevaricación culposa, que se distingue de la dolosa por su falta de intención.
El abogado penalista y académico de la Universidad de los Andes, Gonzalo Hoyl, explica que la prevaricación culposa se refiere a una resolución contraria a la ley, pero que no es producto de una mala fe deliberada. En cambio, es el resultado de una «negligencia o de una ignorancia que se considera inexcusable». Hoyl agrega que, si bien no hay intención maliciosa, es un «error grave» que se califica como delito.
Otro académico de la misma universidad, Rodrigo Guerra, señala que la jurisprudencia chilena ha diferenciado estos casos, separando los simples errores jurídicos de aquellos fallos que demuestran una negligencia o ignorancia injustificable. Según Guerra, no basta con que un juez se equivoque, sino que «es necesario que la resolución revele un desconocimiento total del derecho, y que descarte cualquier posibilidad de interpretación razonable».
Penas y Consecuencias Legales
El Código Penal establece sanciones severas para quienes sean declarados culpables de prevaricación culposa. Las penas asociadas a este delito son de presidio o reclusión menor en sus grados mínimos a medios, que van desde 61 días hasta cinco años.
Adicionalmente, se impone una inhabilitación absoluta temporal para ejercer cargos y oficios públicos. Esto significa que la persona condenada no podría volver a ocupar un cargo en la administración pública por un periodo determinado.
SOJ
