La tragedia del pesquero Bruma, que cobró la vida de siete pescadores, ha puesto en evidencia la profunda desprotección que enfrentan los trabajadores del mar y sus familias. Ante esta realidad, la Alianza en Defensa de la Pesca Artesanal está impulsando cambios urgentes en la legislación marítima chilena, argumentando que la normativa actual no ofrece el respaldo necesario a quienes trabajan en el océano.
«No es duelo, es tortura institucional»
Para Sara Garrido, presidenta de la Corporación Nacional de Mujeres de la Pesca Artesanal, la situación actual es insostenible. En sus palabras, es crucial avanzar en cambios legislativos para «proteger a las familias de pescadores desaparecidos. No se trata de símbolos, se trata de justicia».
Garrido denuncia lo que llama un «cuello de botella institucional» que enfrentan las familias, quienes tienen que esperar por largos periodos para avanzar en investigaciones, cobrar seguros y obtener justicia. La dirigenta fue categórica en su crítica al sistema: «El Estado no puede seguir exigiendo a las familias que esperen tanto tiempo para una declaración de muerte. Eso no es duelo, es tortura institucional. No hay protocolos, no hay respuestas claras, y mientras tanto las familias enfrentan abandono total».
Proyecto de Ley de Muerte Presunta: Un Camino Hacia la Justicia
En este contexto, la dirigenta destaca la urgencia de aprobar el proyecto de ley que acelera la declaración de muerte presunta en casos de desapariciones marítimas. Según Garrido, esta modificación legal permitiría varios avances clave:
- Activar seguros de forma más rápida para las familias.
- Liberar recursos públicos para intensificar las labores de búsqueda.
- Permitir a la Armada actuar con mayor rapidez, contando con el respaldo legal y financiero necesario.
La aprobación de esta ley no solo sería un acto de justicia para las víctimas del caso Bruma, sino que también establecería un precedente fundamental para la protección de todos los pescadores artesanales en el país.
SOJ
