El Tribunal Constitucional (TC) ha desestimado el requerimiento presentado por 42 parlamentarios oficialistas que buscaban impugnar artículos clave del proyecto de Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales, una iniciativa impulsada por el ministro de Economía, Nicolás Grau. La decisión del TC, adoptada por un ajustado voto dividido de cinco contra cuatro, significa un espaldarazo a la polémica normativa que ya fue aprobada por el Congreso a principios de julio.
Los diputados recurrentes habían argumentado que la nueva ley vulneraba principios constitucionales y representaba un retroceso significativo en la protección ambiental. No obstante, el TC resolvió «no acoger a tramitación el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por un grupo de H. Diputadas y H. Diputados, que representan más de la cuarta parte de los miembros en ejercicio de dicha Corporación, respecto de los artículos 7, letra a), 9, 10, 76 y 104 del proyecto de ley que establece una Ley Marco de Autorizaciones Sectoriales».
Voto Dividido y Argumentos Contrapuestos
La resolución fue adoptada con los votos a favor de los ministros María Pía Silva Gallinato, Miguel Ángel Fernández, Raúl Mera Muñoz, Héctor Mery Romero y Marcela Peredo Rojas.
Por otro lado, la Presidenta del TC, Ministra Daniela Marzi Muñoz, junto con las ministras Nancy Yáñez Fuenzalida, Catalina Lagos Tschorne y Alejandra Precht Rorris, disintieron y estuvieron por admitir a tramitación el requerimiento. Esta división interna refleja la complejidad y la divergencia de interpretaciones sobre la constitucionalidad de la ley.
El tribunal informó que la resolución oficial será expedida en un plazo de dos días, de conformidad con lo establecido en el artículo 65 de la Ley N° 17.997, Orgánica Constitucional de esta Magistratura.
Entre los parlamentarios que firmaron el requerimiento de inconstitucionalidad se encuentran figuras como Daniel Melo (PS), Daniel Manoucheri (PS), Carmen Hertz (PC), Karol Cariola (PC), Ana María Gazmuri (Acción Humanista) y Daniella Cicardini (PS), todos ellos pertenecientes al oficialismo. Su preocupación se centraba en que la simplificación de permisos sectoriales podría debilitar los estándares ambientales y la participación ciudadana en la evaluación de proyectos.
SOJ
