Una nueva y seria acusación de uso indebido de cargo e influencia ha sacudido al Hospital Guillermo Grant Benavente (HGGB), el principal centro asistencial de la Región del Biobío. La denuncia, ingresada a la Contraloría General de la República (CGR) bajo el folio E48600 el 29 de abril de 2025, apuntaría directamente a la Sra. Miriam Valdebenito Elgueta, Subdirectora de Recursos Físicos y Financieros del recinto. Los antecedentes sugieren una posible transgresión a los principios de probidad, igualdad ante la ley, legalidad e imparcialidad en la gestión pública.
Según la información obtenida por Hora 12, el caso podría ser aún más grave que las irregularidades informadas en diciembre del año pasado en otros hospitales, que también involucraban priorización de atenciones a familiares de funcionarios. La denuncia detalla que la Sra. Valdebenito habría manipulado procedimientos y recursos del hospital para obtener eventuales ventajas indebidas en beneficio de su madre, la Sra. Celinda del Carmen Elgueta Soto, quien fue intervenida por una afección cardíaca el 30 de octubre de 2024.
Posibles Irregularidades
La denuncia ante la CGR detalla varias presuntas irregularidades:
Posible Manipulación de Antecedentes de Residencia: Se acusa una modificación en la ficha clínica de la paciente para simular una residencia en Concepción, a pesar de que su domicilio real era en Hualpén. Esto le habría permitido acceder prioritariamente a atención en el HGGB, evadiendo la lista de espera interhospitalaria y obteniendo acceso acelerado a exámenes e intervención.
Eventual Trato Directo con Clínica Privada: La Sra. Valdebenito habría visado y autorizado un trato directo con una clínica privada para un examen específico de su madre. Esta acción se habría dado en un contexto de escasez de equipamiento y presupuesto en el hospital, lo que sugiere un uso instrumental de recursos públicos con motivación privada. Cabe destacar que los tratos directos son mecanismos excepcionales bajo la Ley N°19.886 y su reglamento modificado a fines de 2024.
Procedimiento de Alto Costo en Contexto de Restricciones Presupuestarias: El mismo 30 de octubre de 2024, la paciente habría sido sometida a un procedimiento de alto costo, que habría incluido la adquisición de una válvula cardíaca transcatéter por más de $17 millones netos. Esta compra se habría efectuado a pesar de las severas restricciones presupuestarias impuestas por la propia directiva del hospital, y por la misma Sra. Valdebenito, quien habría rechazado procedimientos similares a otros pacientes por costos o territorialidad e incluso restringido el suministro de agua para funcionarios. Esto generaría una grave contradicción con la política interna del hospital.
Presunto Conflicto Ético-Administrativo y Falta de Abstención: Se señala que la Sra. Valdebenito no se habría abstenido de participar en decisiones relativas a la derivación, atención y compras asociadas a su madre, lo que contravendría el deber legal de abstención previsto en el artículo 12 de la Ley N°19.880, dado su interés personal directo.
Consecuencias
Lamentablemente, pese al costoso procedimiento, la paciente falleció durante la intervención. Este desenlace, según la denuncia, refuerza la urgencia de investigar si el uso intensivo de recursos fiscales se ajustó a criterios médicos objetivos o si fue determinado por vínculos personales y decisiones arbitrarias.
Los denunciantes han solicitado a la Contraloría una investigación exhaustiva que verifique la legalidad de la modificación del domicilio, la participación de la Sra. Valdebenito sin la debida abstención, la fiscalización del trato directo, la pertinencia de la adquisición del insumo de alto valor, y la determinación de posibles responsabilidades administrativas, disciplinarias o incluso penales. Se han adjuntado documentos de respaldo, incluyendo actas de recepción y órdenes de compra de insumos médicos de alto valor.
Precedentes de Irregularidades en la Red Pública
Este caso recuerda a las auditorías realizadas por la CGR en diciembre de 2024, que destaparon la priorización de Intervenciones Quirúrgicas (IQ) a parientes de funcionarios en hospitales regionales como Osorno, Angol, Talca y Ovalle. En Osorno, por ejemplo, el subdirector médico operó a su hermana, quien estuvo solo dos días en lista de espera, frente a un promedio de 330 días. Dichas auditorías también revelaron irregularidades en licitaciones asociadas a las IQ de familiares.
La comunidad y el público en general esperan una pronta y transparente investigación por parte de la Contraloría General de la República para esclarecer estos hechos y asegurar el cumplimiento de los principios de probidad y equidad en la administración pública de la salud, más allá de lo ético. Si los respaldos administrativos que posee el medio son veraces, este caso podría ir más allá de una sanción administrativa.
SOJ
