El gobierno enfrenta un creciente dilema en el Congreso respecto a la participación de ciudadanos extranjeros en las elecciones nacionales, especialmente en el contexto del voto obligatorio. Actualmente, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara de Diputados debate dos proyectos de ley que buscan regular las multas por no votar, y en este escenario, la posición del Ejecutivo sobre el sufragio extranjero ha comenzado a virar.
Originalmente, el gobierno intentó introducir una indicación para excluir a los extranjeros del derecho a votar en elecciones presidenciales y parlamentarias. Sin embargo, esta propuesta ha ido perdiendo fuerza. La administración estaría ahora inclinándose hacia una alternativa de consenso, liderada por la diputada Joanna Pérez (Partido Demócrata), que sugiere aplicar las multas por voto obligatorio únicamente a los ciudadanos chilenos.
Debate Clave en la Comisión de Gobierno Interior
El presidente de la Comisión de Gobierno Interior, Rubén Oyarzo (PR), informó que esta semana se definirá el cronograma para abordar el proyecto sobre las sanciones del voto obligatorio. Oyarzo instó al Ejecutivo a definir su postura, presentar indicaciones y decidir si otorgará urgencia a la tramitación.
El legislador aclaró que «la discusión sobre la multa y obligatoriedad del voto no afecta al padrón electoral, y se enfoca fundamentalmente en determinar quiénes, de todo ese padrón, están obligados a votar y quiénes no, y a quiénes se les aplicaría una multa por no hacerlo». Esto diferencia la discusión sobre el universo de votantes de la obligatoriedad y sus consecuencias.
Apoyos y Resistencias en el Congreso
La semana pasada, la Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de la diputada Joanna Pérez con 85 votos a favor, 33 en contra y 20 abstenciones. Este resultado refleja una división en el espectro político: diputados del Partido Comunista, Frente Amplio y Socialismo Democrático se manifestaron en contra o se abstuvieron, mientras que la Democracia Cristiana mostró posturas divididas.
La iniciativa de Pérez propone multas que oscilan entre los $33.000 y $210.000. Entre los argumentos esgrimidos por el oficialismo para oponerse a la aplicación generalizada de multas se encuentran el alto monto de las sanciones y la compleja discusión sobre la pertinencia de que ciudadanos extranjeros definan el futuro político del país a través de su voto obligatorio.
SOJ
