Un grave caso de «eventual falsificación de resolución judicial» ha sacudido al sistema de justicia chileno. El Ministerio Público confirmó la liberación de Osmar Ferrer Ramírez, imputado por el homicidio de un empresario en el barrio Meiggs, ocurrida el pasado 10 de julio desde el Complejo Penitenciario Santiago I. La liberación se basó en una resolución que, presuntamente, habría emanado del 8° Juzgado de Garantía de Santiago, dejando sin efecto la prisión preventiva del acusado.
Ante la gravedad del hecho, el presidente de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño, convocó a un pleno extraordinario para abordar el caso. En una declaración pública, Carreño anunció las drásticas medidas tomadas por el tribunal.
Doble Investigación en Curso: Penal y Administrativa
El ministro Carreño detalló que la Corte de Apelaciones ha iniciado un doble proceso de investigación:
- Investigación Administrativa: «Se decidió iniciar una investigación administrativa a cargo de un fiscal judicial» para esclarecer la situación que afectó al 8° Juzgado de Garantía de Santiago.
- Investigación Penal: «Se decidió remitir los antecedentes al Ministerio Público para iniciar la respectiva investigación penal», buscando determinar quiénes son los responsables detrás de la presunta falsificación del documento.
La rapidez con la que se emitió la supuesta resolución judicial, tan solo 10 minutos después de una audiencia que había decretado la prisión preventiva, es un factor clave en las sospechas. El ministro Carreño afirmó que esta inusual celeridad es precisamente lo que debe ser investigado a fondo, tanto en el ámbito penal como administrativo.
Este incidente ha generado una profunda alarma en la judicatura, destacando la vulnerabilidad de los procesos y la necesidad de una rápida y contundente respuesta para salvaguardar la confianza en el sistema judicial.
SOJ
