Un escándalo sin precedentes remece a la Fuerza Aérea de Chile (FACh). Cinco de sus exfuncionarios, dados de baja tras ser sorprendidos intentando traficar ketamina en un avión institucional, enfrentan desde las 8,30 de esta mañana su formalización en el Juzgado de Garantía de Iquique. Este caso no solo ha puesto en el centro del debate la seguridad de la institución, sino también ha destapado presuntos nexos con el crimen organizado, específicamente con la banda transnacional el Tren de Aragua.
La trama se destapó cuando un suboficial, notando que un maletín sospechoso no había pasado por los controles habituales, obligó a que fuera sometido a rayos X. Este acto de vigilancia impidió que la droga saliera de la Base Aérea Los Cóndores, próxima al aeropuerto Diego Aracena. Desde el pasado 5 de julio, los cinco involucrados se encuentran en prisión preventiva por orden de la Corte Marcial, a la espera de las medidas cautelares que se dictarán hoy.
Disputa de Competencias y Tensión en el Gobierno
El caso ha estado marcado por una intensa disputa de competencias entre la Fiscalía de Tarapacá y la Fiscalía de Aviación. La justicia ordinaria, argumentando que el tráfico de drogas afecta la salud pública y se rige por la ley 20.000, consideró que era de su jurisdicción. La FACh, por su parte, insistía en que el asunto debía ser investigado por la justicia militar al tratarse de sus funcionarios.
Esta polémica escaló hasta el Gobierno, generando tensión y obligando a la ministra de Defensa, Adriana Delpiano, a intervenir. Tras un confuso episodio en el que el ministro de Seguridad, Luis Cordero, afirmó que el Presidente había instruido a la FACh, Delpiano tuvo que aclarar que se trataba de una «confusión» y que la Fiscalía de Aviación finalmente entregaría los antecedentes al Ministerio Público, lo que efectivamente ocurrió. El pasado sábado, el tribunal de Garantía de Iquique se declaró competente, dejando sin efecto la audiencia previamente agendada.
La Sombra del Tren de Aragua
La investigación ha ido más allá del simple tráfico. La Fiscalía Nacional, liderada por Ángel Valencia, ha manifestado su preocupación por la posible penetración del crimen organizado en las instituciones de seguridad. Según Valencia, el tipo de droga incautada —la ketamina— es un indicio clave que apunta al Tren de Aragua. «Lo que hemos detectado es que, generalmente en Chile, con mucha frecuencia, el narcotráfico asociado a ketamina está relacionado con bandas integradas por ciudadanos venezolanos, relacionadas muchas de ellas con el Tren de Aragua. Podría ser el caso».
Otro elemento crucial en la indagatoria es la posibilidad de que no haya sido el primer envío. Valencia ha sostenido que «sería muy extraño que fuera la primera vez», basándose en la experiencia de que las organizaciones criminales prueban rutas y aumentan los volúmenes una vez que las consideran seguras. Fuentes cercanas a la investigación, citadas por medios locales, sugieren que podría haber habido hasta tres vuelos institucionales utilizados para este fin durante el año.
¿Recinto Militar o Cárcel Común? El Debate sobre la Prisión Preventiva
A raíz de la audiencia de hoy, se ha abierto un debate sobre el lugar más seguro y adecuado para que los exfuncionarios cumplan una eventual prisión preventiva. Actualmente, se encuentran distribuidos en recintos como la Base Aérea de El Bosque, la cárcel de Alto Hospicio y la cárcel de San Miguel.
Expertos consultados, como el exsubsecretario del Interior Felipe Harboe, sostienen que, al haber cometido un delito común, los imputados deberían ser recluidos en cárceles comunes, aunque insiste en la necesidad de garantizar su seguridad. Por otro lado, el exdirector de Gendarmería, Christian Alveal, plantea que un recinto militar podría ser más conveniente, ya que existe el riesgo de que los exuniformados se sientan más protegidos por las mismas organizaciones criminales que presuntamente habrían colaborado, según experiencias previas con excarabineros.
SOJ
