La Cámara de Diputados ha dado un paso significativo hacia el endurecimiento de las penas para adolescentes infractores, aprobando en general la idea de legislar un proyecto de ley que busca modificar la actual Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA). La iniciativa, que ahora regresa a la Comisión de Constitución para su revisión y análisis de indicaciones, propone un aumento de las sanciones para quienes cometan delitos graves.
La moción parlamentaria, impulsada por el diputado Andrés Longton (RN), recibió un contundente respaldo con 86 votos a favor, 46 en contra y cuatro abstenciones.
Actualmente, la LRPA establece una pena máxima de internación cerrada de cinco años para los jóvenes entre 16 y 18 años que infrinjan la ley. Sin embargo, el corazón de este nuevo proyecto radica en la intención de ampliar este lapso a 10 años para aquellos menores entre 14 y 16 años que hayan cometido delitos violentos o de sangre.
El catálogo de crímenes que serían penalizados con más años de reclusión incluye, por ejemplo, el robo con secuestro, violación, homicidio simple y homicidio calificado.
Además, la propuesta legislativa fija que “todos los procesos penales en que participen menores con adultos se van a regir bajo la jurisdicción especializada adolescente”. Asimismo, se establece que en los casos de adolescentes que incumplan el internamiento en régimen cerrado, esto “dará lugar a una intensificación del plan de intervención”. Se añade una medida punitiva: “en caso de fuga o evasión, la persona condenada, además, no podrá solicitar la sustitución o remisión de su condena por un periodo de entre seis meses a un año”.
Gobierno Responde: ¿Efectividad o Reincidencia?
Presente en la Sala durante la votación, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, manifestó las reservas del Gobierno respecto a la efectividad de aumentar las penas.
“Ni a la baja, en cuanto a los delitos que se vayan a cometer, y menos respecto a la posibilidad de reinsertar a esos jóvenes que han infringido la ley penal”, señaló Gajardo, poniendo en duda el impacto positivo de una mayor reclusión en la reducción de la criminalidad y la rehabilitación de los menores entre 14 y 16 años.
El secretario de Estado también proporcionó datos para dimensionar la problemática: “Para tener en consideración, el ingreso de jóvenes infractores de ley penal representa el 2% del total de los ingresos del Ministerio Público”.
Gajardo defendió la política actual, destacando los avances en la rehabilitación: “Hemos logrado disminuir, de un 52% de reincidencia, del año 2009, a un 25%, gracias a una política de Estado… Estamos, efectivamente, disminuyendo la reincidencia delictiva de los jóvenes que infringen la ley penal”, aseguró la autoridad.
El debate sobre la efectividad de las penas más duras versus las políticas de reinserción social promete continuar en las próximas etapas legislativas de este proyecto de ley.
SOJ
