Un estremecedor informe ha sacudido los cimientos del Poder Judicial chileno, revelando una compleja trama de ausencias injustificadas. Un análisis exhaustivo de los últimos cinco años ha destapado que 692 funcionarios, incluidos 84 jueces, habrían utilizado licencias médicas mientras realizaban viajes al extranjero, levantando serias interrogantes sobre la probidad y el control interno de la institución.
La pesquisa se inició a raíz de un informe previo de la Contraloría General de la República que alertó sobre el uso indebido de licencias en el sector público. Ante la magnitud de las sospechas, el Poder Judicial «encomendó al Fiscal Judicial de esta Corte recopilar los antecedentes relativos a funcionarios del Poder Judicial que, estando con licencia médica, salieron del territorio nacional», según detalló el organismo.
La revisión, que contó con el valioso apoyo de la Policía de Investigaciones de Chile (PDI) y la Contraloría Interna de la Corporación Administrativa del Poder Judicial, arrojó cifras preocupantes. En un periodo de cinco años, «se detectó un total de 1.029 casos de salidas del país, asociados a 692 funcionarios, de los cuales se encuentran activos un total de 571″. Cabe destacar que el Poder Judicial cuenta con una dotación total de 13.457 integrantes, lo que sitúa esta cifra en una proporción significativa.
El Alcance de la Irregularidad: Jueces y Ministros Implicados
El informe no solo cuantifica los casos, sino que también desglosa la jerarquía de los involucrados. El organismo aclaró que «de los 571 funcionarios activos, no existe ningún Ministro o Fiscal de la Corte Suprema». Sin embargo, la irregularidad sí alcanza a otros niveles del escalafón primario, donde «se detectaron 4 Ministros y 1 Fiscal Judicial de Cortes de Apelaciones y 84 jueces«.
Ante la contundencia de los hallazgos, el Poder Judicial ha actuado con celeridad. Se «ha dispuesto remitir la nómina respectiva a las Cortes de Apelaciones para los efectos de iniciar los respectivos procedimientos disciplinarios, tanto de funcionarios activos o que hayan cesado en sus funciones». La investigación de cada caso estará a cargo de un único Fiscal Judicial por cada Corte, buscando asegurar la uniformidad y rigurosidad del proceso.
La institución, sin embargo, hizo una salvedad importante que será parte de las indagaciones: «Se hace presente que, en todo caso, entre los casos informados, podría existir superposición de licencia médica y feriado, lo que será materia de la investigación respectiva». Esta aclaración apunta a diferenciar posibles confusiones administrativas de lo que podría constituir un engaño deliberado al sistema.
Este escándalo pone de manifiesto la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y fiscalización internos en el Poder Judicial, en un momento donde la transparencia y la confianza en las instituciones públicas son demandas crecientes de la ciudadanía. Las investigaciones disciplinarias recién comienzan, y sus resultados serán clave para determinar las responsabilidades y restablecer la integridad en la administración de justicia.
SOJ
